Los secretarios de seguridad pública de los estados que conforman la región noreste —Nuevo León, Coahuila, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas— acordaron, en un pronunciamiento conjunto, pedir al Congreso de la Unión que revise el artículo 115 constitucional (el cual establece las atribuciones a los ayuntamientos) por considerar que este no permite una batalla eficaz en contra del crimen organizado y al contrario vuelve susceptibles a los ayuntamiento.

Después de casi ocho horas de evaluación y análisis dentro de la XII Reunión del Consejo Nacional de Seguridad Región Noreste, a nombre de sus homólogos el secretario de seguridad publica anfitrión Aldo Fasci comentó que los municipios están “débiles” ante el crimen organizado, hay dificultad para coordinarse y falta presupuesto a las respectivas dependencias.

La modificación que se solicita, dijo el funcionario nuevoleonés, es que los municipios tengan las atribuciones para garantizar, en el todo la seguridad pública de la población.

La propuesta salió de la Conferencia Nacional de Gobernadores, pero los titulares de seguridad de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas acordaron llevar el documento ante el Poder Legislativo federal para que se revise dicho artículo.

Aldo Fasci explicó que solicitarán modificar la Ley Federal de armas de fuego para permitirles a los estados adquirir armamento automático y de mayor calibre, además de exigir que se les permita a las entidades realizar las compras directamente o agilizar los trámites que en la actualidad corren a cargo de la Sedena.

Las acciones pactadas entre los seis secretarios y que tienen vigencia inmediata son: ampliar la coordinación entre los estados mediante el intercambio de bases de datos policiacas y la mejor coordinación de los uniformados, además de iniciar acciones para dignificar a las corporaciones policiacas.
Durante la reunión también hubo aristas que los secretarios no pudieron dirimir, debido a que no estaba a su alcance este tipo de decisiones.

Ejemplo de ello, fue lo propuesto por Fausto Destenave Kuri, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Coahuila, quien pugnó por la realización de un debate serio y profundo sobre la viabilidad de la pena de muerte para secuestradores, a lo que Fasci Zuazua respondió que serán los gobernadores quienes deberán asumir la postura oficial en ese tema y ellos no tiene atribuciones para tratarlo.