Economía, fisco y pacto social en México

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• Ramón Lecuona Valenzuela/El Universal
• 31-Octubre-2009

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  • Foto: Especial

  
  

  

  La carga fiscal mexicana como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) es una de las más bajas del mundo y muy dependiente de los hidrocarburos. Paradójicamente, las tasas impositivas consignadas en la ley están en el mismo orden de magnitud que las de países que recaudan proporcionalmente casi el doble que México.

  Una buena parte de la explicación de esta disfuncionalidad se encuentra en una contrastante estructura económica. Por un lado, México puso desde hace dos décadas entre sus prioridades la captación de inversión extranjera directa, y entró a competir por estos recursos con otros países de mercados emergentes. En esta competencia se han utilizado ampliamente la baja de impuestos y los estímulos fiscales como instrumentos de atracción. De esta manera, una presión fiscal fuerte sobre empresas con movilidad internacional puede significar el abandono de un país, y México no es la excepción. Simultáneamente, al instalarse en un territorio, estas mismas empresas demandan infraestructura y bienes públicos de primer nivel, con repercusiones potenciales muy importantes en los presupuestos estatales. Así, queda una interrogante: ¿quién paga la inversión indispensable en infraestructura física y humana que requiere la operación de empresas de clase mundial en países con rezagos históricos en la materia?

  En el otro extremo de la estructura económica mexicana se encuentran varios millones de personas ocupadas en la informalidad, una gran proporción apenas sobreviviendo.

  También hay un gran volumen de actividad empresarial informal o semiformal. Estos sectores informales funcionan casi sin ser tocados por el aparato fiscal. Al no haberse aplicado ningún impuesto de “control” al consumo, aunque fuese muy bajo, es muy difícil incorporar a estos segmentos de la población a la base gravable.

  Sin embargo, presentan enormes demandas sociales al Estado. Surge nuevamente la pregunta: ¿quién paga por los programas de política social que benefician a grandes segmentos de la población que no contribuye, prácticamente, al ingreso fiscal? Y ¿quién paga por los bienes públicos que ocupan empresas y empresarios informales o semiformales?

  En el medio, entre las corporaciones que pueden aprovechar la economía global para minimizar su carga fiscal y los millones de agentes económicos que se mueven en la informalidad, los empleados formales cautivos y las empresas enraizadas en México no beneficiadas por regímenes especiales soportan la mayor parte del peso fiscal. Estos sectores enfrentan tasas impositivas efectivas tan altas como los de los países desarrollados y, en cambio, no reciben servicios y bienes públicos al nivel del primer mundo. Esta situación, además de inequitativa, inhibe la productividad y, consecuentemente, la competitividad global de personas, empresas y del país en general: golpea directamente a la clase media que se supone debe ser el motor del progreso.

  Como la caída del ingreso petrolero ha hecho evidente que este orden de cosas es insostenible. El segmento de la población y del aparato productivo que soporta la mayor parte de la carga fiscal no ve que ésta se revierta en beneficio propio. Además, la recaudación no alcanza para cubrir las grandes demandas de infraestructura que implica la atracción y retención de inversión extranjera y la competitividad del país, ni las de apoyo social de millones en pobreza. Todo esto es exacerbado por una tradicional ineficiencia del aparato gubernamental y una asignación de recursos públicos poco estratégica, con una orientación excesiva al gasto corriente de dudosa productividad.

  El conflicto político desatado por la enésima discusión de la “reforma fiscal” evoca la imagen de un perro queriendo comerse la cola. El desconcierto generado por empresas que reclaman falta de infraestructura y servicios públicos, millones de pobres a los que la política social no alcanza a reivindicar, y segmentos altamente gravados que se sienten expropiados pues no ven de “vuelta” sus impuestos, forma un ambiente en el cual se debilita el pacto social. Revertir este proceso, que subyace desde hace varias décadas a la sociedad mexicana y que ahora es evidenciado por la caída de los ingresos petroleros, requiere respuestas de fondo, sistémicas. Es un asunto de Estado que no admite simples paliativos. El sistema fiscal de un país es producto del pacto social básico y sustento del Estado.

  *Director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac México Norte

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