Torreón y la Región Lagunera en su conjunto han venido siendo el escenario de una escalada de violencia sin precedentes llegando a alcanzar niveles de criminalidad y preocupación de la sociedad civil que hacían evidente la necesidad de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno hubiesen tomado algunas medidas para atender este problema de inseguridad social que, sin perder la gravedad alcanzada a nivel local, se comparte con el resto del país.

No habían faltado las advertencias sobre la actuación de la Policía Municipal, en adición a la gran cantidad de ejecuciones, incluyendo la de dos escoltas del director de Policía, hechos todos que son algo más que una simple advertencia; sin embargo, el Presidente Municipal parece no haberles dado la importancia que tenían, como tampoco se le dio a la aparente frivolidad mostrada por Alfredo Castellanos, director de Seguridad Pública, en algunos videos transmitidos por internet. Se otorgó a la Policía Municipal y a su director, Alfredo Castellanos, una confianza que evidentemente era excesiva y carecía de fundamento. Se veía necesario revisar la actuación y la forma de trabajar de toda la corporación municipal, pero poco o nada se hizo, ignorando el claro mensaje que se desprendía de los hechos mismos y de las advertencias de no pocas personas.

Por los hechos ocurridos el lunes 8 de septiembre cuando la Policía Federal Preventiva detuvo a cinco presuntos narcotraficantes y a dos policías municipales que intentaron liberarlos, para que más tarde otros 33 policías municipales en 28 patrullas se enfrentaran a balazos con la Policía Federal Preventiva y elementos del Ejército Mexicano que acudieron en su apoyo para evitar la liberación de los presuntos narcotraficantes y los policías municipales que intentaron protegerlos,  no hay duda alguna sobre la gravedad de estos hechos ni sobre la flagrancia con la que se detuvo a los 35 agentes municipales.

¿Cuál es la responsabilidad del alcalde José Ángel Pérez Hernández?  Esta muy claro que el Alcalde otorga los nombramientos de sus colaboradores y debe tener control de los órganos de la administración municipal. Lo ocurrido no son sólo fallas menores o normales en cualquier administración, son hechos graves que denotan incapacidad notoria para conducir una administración municipal. Tampoco es corrección suficiente el destituir a un director de Policía prófugo, ni pretender defender a quienes fueron capturados en plena flagrancia.
Cuando no se cumple con una responsabilidad es cuando puede hablarse de irresponsabilidad. Lo uno o lo otro. Si ya se actuó con gran desacierto e irresponsabilidad ¿cómo podrá esperarse ahora una actuación acertada y responsable?

Nuestro sistema de gobierno hace difícil, quizás imposible, el que los funcionarios públicos electos o designados asuman su responsabilidad ante una ciudadanía impávida, indignada quizás por la confianza traicionada.

Nuestra forma de gobierno reparte impunidad con generosidad. En Puebla el “gober precioso” Mario Marín quedó impune y sigue en su cargo de gobernador gracias a los compromisos y negociaciones de los distintos partidos políticos que lo salvan como salvaron también a Ulises Ruiz, Gobernador de Oaxaca, y antes a Bejarano, el de las bolsas llenas de billetes, y otros colaboradores de Andrés Manuel López Obrador. La impunidad impide exigir responsabilidad. Rara vez un funcionario público es sancionado cuando no cumple con su responsabilidad.

¿Cómo pedirles a los laguneros confianza en la Policía Municipal de Torreón? ¿Cómo pedirles confianza a los habitantes de todos los municipios de México? ¿Quién se responsabiliza? ¿Cómo? ¿A quién se le puede reclamar una mala actuación de cualquier policía municipal?
La impunidad de quien deja de cumplir con una responsabilidad o la de quien delinque no es algo extraordinario en nuestro país, es por el contrario, lo más común. Cuando los maestros dejan de dar clases y trastornan el orden público ocasionando perjuicios a la sociedad a la que pertenecen están incurriendo en actos irresponsables que no se sancionan. Cuando grupos de personas amparados por algún partido político invaden predios ajenos están también beneficiándose del ambiente de impunidad general.

Responsabilidad y rendición de cuentas son conceptos difíciles de aplicar cuando el ciudadano no es el centro de atención del sistema político.

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