La sociedad mexicana ha visto crecer año con año a la delincuencia y al crimen organizado sin que los gobiernos de los tres órdenes hayan podido dar una respuesta medianamente adecuada. El estado ha sido rebasado una y otra vez sin que las propuestas de corrección hayan mostrado alguna eficacia. Lo que se ha hecho, poco o mucho, no ha sido suficiente para evitar el resquebrajamiento de una seguridad que siempre se dio por hecha y que incluso se pregonaba como el gran elemento distintivo respecto a la inseguridad presente en otros países, particularmente los centro y sudamericanos.

La explosión de las granadas que estallaron entre el público en Morelia exhiben con irrefutable claridad y con gran contundencia la gravedad de una situación que no se había atendido. Ante la inseguridad reinante la clase gobernante había venido mostrando una total desunión, muchas veces con indiferencia. El extremo lo vimos en el PRD, cuya dirigencia no quiso acudir a Los Pinos cuando el presidente Calderón convocó a los distintos actores para unirse en un pacto de seguridad nacional aduciendo que no deseaban reconocer la legitimidad del Gobierno Federal, al tiempo que no dejan de dar prioridad a su convocatoria para impedir que el Congreso apruebe cualquier reforma energética. Es difícil pensar en una actitud más mezquina y más antipatriótica, pero desgraciadamente así se las gastan.
Los problemas de Gobierno del México actual van más allá de las diferencias de los distintos partidos políticos, cuyas visiones egoístas y cortoplacistas nos alejan de la búsqueda de soluciones. Nos encontramos en la transición de un sistema político que necesariamente era autoritario, por su origen faccioso, a un sistema democrático, basado en una participación ciudadana que el viejo sistema no puede hacer suya. Tenemos elecciones más o menos creíbles, todavía manipulables, que aun siendo confiables, no nos llevan a una representación democrática por la interferencia de los partidos políticos, que se manifiesta, entre otras cosas, mediante los senadores y los diputados, tanto locales como federales, plurinominales, junto a la imposibilidad constitucional de la reelección.  Esto hace que se rinda cuentas a los partidos que ejercen el control y no a la ciudadanía a través de los electores. La democracia sólo puede ser representativa o dejar de serlo.

El viejo sistema construido a partir de la revolución aún subsiste a pesar de que han ocurrido muchos cambios y transformaciones de importancia. Las granadas de Morelia y el nivel de criminalidad que a diario experimentamos nos hacen ver que el viejo sistema de gobierno, que incluye lo relativo a seguridad y justicia, ha evolucionado más lentamente de lo que la realidad nacional reclama. México ya no puede darse el lujo de seguir perdiendo el tiempo en la conciliación de los intereses de los partidos, intereses predominantemente ilegítimos y siempre facciosos. Se acabó el tiempo, lo que sigue puede ser un desmoronamiento acelerado de las débiles instituciones que nos hemos resistido a cambiar por falta de unidad y de claridad en el rumbo del país.

Ya hemos tenido experiencias de este tipo, aunque de mucho menor gravedad. En septiembre de 1985 los sismos que destruyeron buena parte de la Ciudad de México y otras poblaciones sorprendieron a un gobierno y a una población que simple y sencillamente no estaban preparados para una contingencia de esa magnitud, a pesar de la muy larga y documentada historia sísmica de nuestro país. Se colapsó la Ciudad de México y se colapsó el incapaz gobierno que no supo reaccionar. Tardaron varios días en darse cuenta de la magnitud del desastre, acrecentado por esa notoria falta de previsión, que impidió salvar muchas vidas con una buena respuesta.

El desastre que ahora puede venir es de mucha mayor amplitud y no viene de fuera. Viene de las entrañas de la corrupción, de los privilegios, del corporativismo y de las absurdas desigualdades sobre las que se construyó el sistema de gobierno que predominó durante casi todo el siglo 20, situaciones y circunstancias que la miope y egoísta lucha partidista actual ha venido exacerbando.

Al no poder romper con el lastre de un pasado antidemocrático y centrar la atención en la lucha partidista por sus cuotas de poder y privilegios, se ha vuelto muy difícil darle la atención que requieren los problemas centrales del país. El Gobierno no sólo debe ocuparse, sino ser efectivo, en la procuración de seguridad, de justicia y de bienestar para todos los mexicanos. Es evidente que seguridad no tenemos y que lo que nos queda se puede perder en cualquier momento. En cuanto a justicia sólo tenemos una caricatura en la que poco o nada podemos confiar.

La seguridad debe ser silenciosa, percibirse sólo en la confianza que sientan los ciudadanos y en índices de criminalidad decrecientes. La seguridad deja de serlo cuando es noticia.

aluti@prodigy.net.mx