Hace unos meses, los que aquí suscriben publicamos en el periódico El Universal un artículo titulado “La Política de la Megaobra”, en el que criticamos el uso de grandes proyectos de infraestructura vial para catapultar carreras políticas. Explicamos entonces cómo tanto los segundos pisos como los grandes distribuidores viales se asemejan a las pirámides de Egipto, pues satisfacen más el ego del constructor que las necesidades reales de la población.

Bajo la óptica de gobernantes regidos por la necesidad de dar resultados inmediatos, las megaobras viales representan una inversión segura. Es posible inaugurarlas dentro del mismo periodo de gobierno, no lesionan los intereses de ninguna clientela, dejan a múltiples constructores contentos y son tan visibles que nadie puede olvidar el nombre de quien las promueve. Sin embargo, su costo rara vez se justifica en términos técnicos, y sus beneficios se evaporan rápidamente.

Cada puente profundiza nuestra dependencia del automóvil y cada distribuidor vial contribuye a la pérdida de escala humana en nuestras ciudades. Así, más y más habitantes se ven forzados a renunciar al camión, a la bicicleta y a la caminata como medios para transitar eficientemente por la ciudad. Con tanta demanda inducida, no sorprende que los embotellamientos regresen pronto, dando argumentos al siguiente gobernante para continuar el ciclo.

En aquel artículo editorial tratamos el caso del “Proyecto Integral Palmas”, promovido por la entonces delegada panista Gabriela Cuevas en el Distrito Federal. Sólo la intervención de grupos vecinales preocupados por defender el carácter de los barrios de Polanco y las Lomas pudo detener, al menos temporalmente, el avance de las obras. Sin embargo, el comportamiento de nuestros líderes parece epidémico. Gobernantes de todos los partidos políticos parecen participar en una carrera por construir la obra vial más imponente y más costosa, quizá buscando emular la ruta seguida por el perredista Andrés López Obrador y su segundo piso en el periférico.

En Guadalajara, el gobernador panista Emilio González promueve la construcción de un puente atirantado que tendría un costo de 450 millones de pesos. El proyecto ha despertado la oposición de grupos ciudadanos preocupados por la privatización del escaso espacio público que queda en esa gran metrópoli. El colectivo “Ciudad para Todos”, conformado principalmente por estudiantes y activistas del ciclismo ha iniciado una campaña de resistencia cívica, y el conflicto habrá de crecer en los próximos meses.

Mientras tanto, en Saltillo, el gobernador priísta Humberto Moreira ha anunciado un distribuidor vial de 900 millones en la zona conocida como El Indio. Ambos proyectos son majestuosos y millonarios; ambos se presentan como milagros de la ingeniería y como soluciones indispensables para la población. Sin embargo, lo cierto es que los dos proyectos comparten una trágica realidad: ninguno de los dos resuelve más que las molestias ocasionadas por un par de semáforos.

Con los mismos recursos que en Saltillo se construye un distribuidor vial es posible financiar 690 mil becas, 800 kilómetros de ciclovías, 3 mil 600 patrullas, 6 mil asilos, mil 520 kilómetros de banquetas o mil 160 parques. No hay análisis que justifique un gasto equivalente a cuatro y medio años del presupuesto municipal en una obra tan superflua, particularmente en una época de tantas complicaciones económicas.
Se dice que estos proyectos elevarán la calidad de vida. Quizás, pero sólo la de los automovilistas y por corto tiempo. Se dice que elevarán la competitividad. Quizás, pero sorprende que no se permita la circulación de camiones de carga en ruta hacia las fábricas. Se dice que son parte de una estrategia contracíclica para generar empleos. Quizás, pero existen muchas otras áreas –como el transporte público---- que requieren atención urgente del presupuesto público.

La batalla que comienza a librarse en otras partes del país tiene que ver con la exigencia de una ciudadanía hambrienta de políticas públicas diseñadas para el largo plazo. Los grandes proyectos de infraestructura urbana –como el que se pretende construir en El Indio, en Saltillo--- crean más problemas que los que solucionan y ofrecen una ventana inmejorable para comprender al sistema político mexicano. Las reglas premian al que construye la obra más visible y más costosa, mientras que los mecanismos de evaluación de proyectos y rendición de cuentas son casi inexistentes. La combinación es explosiva, pues facilita la construcción de todo aquello que sirva como el primer acto de campaña para empezar a competir por el siguiente cargo, aun cuando en el proceso destruyamos sistemáticamente nuestras ciudades.

Onesimo Flores Dewey
Department of Urban Studies and Plannning, MIT

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