El pasado lunes, la invencible General Motors se declaró en quiebra. Ni el anuncio del cierre de 16 plantas y 2 mil distribuidoras en todo Estados Unidos, ni el plan de liquidar a 20 mil trabajadores, ni la desaparición o venta de las marcas Hummer, Pontiac y Saturn —todo anunciado desde marzo— fueron suficientes. Para evitar la liquidación, el Gobierno norteamericano tuvo que intervenir. No sólo incrementó hasta $50 billones de dólares los fondos destinados al rescate financiero de la empresa, sino que “facilitó” la salida del CEO Rick Wagoner y tomó parte activa en las negociaciones con los acreedores —principalmente con el sindicato— hasta lograr que aceptaran como pago acciones en una “nueva GM”.

Como resultado de la reestructura anunciada, los principales accionistas de la “nueva GM” serán los siguientes: el Gobierno
norteamericano con 60%, el Gobierno canadiense  con 12.5% y el sindicato de la empresa —la UAW— con 17.5%. ¿Bajo qué criterios tomará decisiones Government Motors? ¿Cómo impactará esta mezcla de accionistas al futuro de la industria automotriz en México, y en particular a las operaciones de GM en Silao, Ramos Arizpe, San Luis Potosí y Toluca?

Si la “nueva GM” opera con el objetivo de maximizar su rentabilidad —como cualquier empresa privada— los empleados y proveedores de GM en México no deben preocuparse. Durante los últimos años las plantas mexicanas han elevado su productividad hasta colocarse al nivel de sus símiles al norte del Bravo. Existe una sólida red de proveedores operando bajo estrictos estándares de calidad y el reciente deslizamiento del peso hace todavía más atractivo producir en nuestro país. Además nuestra mano de obra es más barata, no sólo por la disparidad en sueldos, sino porque en México existe un sistema público de seguridad social, que aun con todas sus fallas, representa un subsidio inexistente en los Estados Unidos. Si la “nueva GM” desea maximizar las utilidades de sus accionistas, buscará incrementar sus operaciones en México.

Sin embargo, es difícil imaginar al Gobierno norteamericano como “un accionista reticente… sin intenciones de participar directamente en la administración de la compañía”. Ni Obama ni los legisladores que aprobaron el rescate de la multinacional medirán la rentabilidad de su inversión en dólares, sino en número de votos. Bajo este estándar el principal mandato de la “nueva GM” es mantener el mayor número posible de empleos dentro de Estados Unidos, principalmente aquellos relacionados con nuevas tecnologías.

Todavía recuerdo la retórica prevalente en los 90s: “La mejor política industrial es no tener política industrial”. El camino al desarrollo —la receta— era liberalizar y demostrar que podíamos ofrecer la misma eficiencia y calidad a menor costo. Bueno, pues lo logramos, somos competitivos y dependientes. Hoy estamos a punto de toparnos con una pared insalvable: la política industrial de nuestro socio, el paladín del libre mercado, los Estados Unidos.

Los detalles comienzan a filtrarse. Dado el control gubernamental y sindical sobre la nueva empresa, cualquier plan para incrementar los volúmenes de producción o para elevar el valor agregado de las operaciones de GM en México será resistido desde adentro. Lo anterior no es especulación, sino política oficial de la empresa. Al respecto vale la pena citar algunos párrafos del convenio de modificación del contrato colectivo de trabajo que GM firmó con su sindicato como parte de la reestructura (La traducción es mía, el texto original está disponible en mi blog):

“En el supuesto de que las condiciones en la economía norteamericana permitan incrementar el volumen de producción, la empresa dará prioridad a ubicar esta capacidad dentro de los Estados Unidos. Además de la actual arquitectura de vehículos y componentes, la administración considerará ubicar la producción de las nuevas arquitecturas vehiculares y componentes en plantas en los Estados Unidos (pag 6).

“Las partes acuerdan que antes de que la compañía comprometa la producción de productos adicionales en México, se deberán discutir los planes de inversión con la UAW antes de que se tome una decisión final (pag. 7).

“La compañía se compromete a no incrementar los turnos en aquellas plantas que sin estar en los Estados Unidos provean vehículos al mercado norteamericano que son similares a aquellos proveídos por otra planta en funciones dentro de los Estados Unidos (pag. 7)”.

Ironías. Tal parece que nuestros países no son socios, que siempre sí hay política industrial, y que las plantas de GM en México no son parte de la misma empresa.

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