La marcha del 2004, al igual que las que se produjeron el sábado pasado son manifestaciones inequívocas de la indignación ciudadana ante la impotencia del Gobierno, o mejor dicho, de los gobiernos para contener y castigar la inseguridad que todo México vive. Las principales noticias que enfrenta a diario la sociedad mexicana son los múltiples asesinatos y los innumerables secuestros que aumentan con una impunidad que rebasa cualquier incredulidad.

Junto al estrepitoso fracaso de los órganos de seguridad y del sistema judicial, convive el fracaso, igualmente escandaloso, de las políticas económicas con su inevitable secuela de desempleo y bajos ingresos. México se hunde en la inseguridad y la pobreza, la falta de oportunidades, en tanto se mantienen indebidos privilegios de algunos grupos (sindicatos como el del IMSS, la CFE o los petroleros y grupos empresariales vinculados al poder público) y de los políticos cada vez en mayor número con mayores presupuestos públicos y personales, pero con muy escasos resultados.

El número de ciudadanos que participó en la expresión de una indignación ante la inseguridad que se vive es significativo; sin embargo, sus reclamos son legítimos desde antes de esta expresión física multitudinaria. A nadie sorprende el anhelo de seguridad de toda la población que a diario se hace sentir de muy variadas maneras. Hace mucho que la ciudadanía pide seguridad y al no ser escuchada, lo expresa con más vehemencia. Tanto en el 2004 como ahora la población salió a las calles. ¿Habrá quién escuche este reclamo ciudadano? ¿Son los partidos y los gobiernos sus interlocutores? ¿Habrá respuesta de las autoridades?

No se trata sólo de que alguna autoridad dé órdenes a órganos públicos ineficaces y corruptos hasta la médula. Proliferan los cuerpos policiacos que a su ineficacia y corrupción agregan rivalidades y falta de profesionalismo. La imagen más conocida de cualquier policía es la de la extorsión al ciudadano. No hay un solo cuerpo de policía municipal que trabaje con profesionalismo y honestidad, si lo llega a haber sólo lo logra por un corto lapso de tiempo antes de volver a lo de siempre. Qué decir de las demás corporaciones estatales, ministeriales, federales y cuanta otra pueda haber. Se requiere unir en pocas agrupaciones mayor profesionalismo; es decir, se requieren cambios institucionales sustanciales que implican incluso nuevos enfoques de gobierno. Ya hay muchos policías, demasiados, y más presupuesto del que deberían tener. Reinan la corrupción y la ineficacia.

En el proceso de brindar seguridad a la población habría que transformar radicalmente la figura del Ministerio Público, principal elemento de la actual corrupción e ineficacia. Dentro de procesos secretos, que deberían ser públicos, el Ministerio Público tiene el doble y contradictorio carácter de investigador y acusador, ejerciendo en ambas funciones un monopolio que excluye o condiciona la participación de los interesados y de la prensa o cualquier otro ciudadano.

La actuación del Ministerio Público también condiciona y relega la participación de los abogados defensores, cuya participación debe realzarse ampliando sus funciones. Viene en seguida la participación de los jueces en un ambiente de secrecía, discrecionalidad y formalidad que impiden el sano ejercicio de una función tan importante como la que ejercen los jueces. Sin mayores explicaciones vemos cómo liberan a evidentes delincuentes y como en otros casos aplican penas irrisorias. Es mucho lo que hace falta cambiar.

Al final del proceso tenemos un sistema penitenciario deplorable, que sólo por error rehabilita y del que la noticia más frecuente son la fuga o la preliberación de criminales convictos. De principio a fin de los procesos de seguridad pública, pasando por figuras jurídicas distorsionadas como el amparo, el arraigo y el cateo, se requiere de una transformación que a veces ni siquiera ha sido esbozada.

La inseguridad que estamos viviendo y que ha llegado a colocarnos como uno de los países más inseguros del mundo no puede erradicarse sin llevar al cabo cambios profundos en toda nuestra forma de gobernar. El presidencialismo símbolo de los regimenes revolucionarios priístas ya desapareció, pero subsiste todo el entramado jurídico e institucional, cultural podríamos agregar, aunado a las organizaciones corporativistas y de grupos de interés que acompañaban a ese presidencialismo autoritario. Subsisten ya sin el dominio cupular que ejercía el presidente en turno. Ahora, puede decirse, con más propiedad que en otras ocasiones, que todos los demonios andan sueltos.

El régimen político y de gobierno que tenemos está alejado de la ciudadanía y obedece a sus propios intereses. El sistema de partidos que tenemos los aleja de la ciudadanía que al final de los procesos electorales queda sin representación.

Encontrar un régimen de seguridad y convivencia pacifica requiere de una transformación que convierta al ciudadano en el centro de la actividad pública. La ciudadanía no quisiera que otra vez le den atole con el dedo.

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