En días pasados tuvo lugar en Monterrey la XII Reunión del Consejo Nacional de Seguridad Región Noreste en la que participaron los secretarios de Seguridad Pública de Nuevo León, Coahuila, Durango, Tamaulipas, San Luis y Zacatecas, quienes después de ocho horas de evaluación y análisis acordaron pedir al Congreso de la Unión la revisión del Artículo 115 Constitucional en lo relativo a las atribuciones de los municipios en materia de seguridad por considerar que este artículo no permite una batalla eficaz en contra del crimen organizado haciendo vulnerables a los ayuntamientos. Consideraron que los municipios son “débiles” ante el crimen organizado y tienen dificultad para coordinarse.

Queda en claro su reconocimiento a una problemática de seguridad que no puede dejar de incluir a las muchas y descoordinados policías municipales cuyo rezago y deficiencias son conocidas y padecidas por una ciudadanía que ve con impotencia cómo crece la inseguridad sin que las autoridades asuman, frente a ella, las responsabilidades que les corresponden. 

El servicio que prestan las policías municipales de Saltillo y Ramos Arizpe es deplorable, como lo es el que se presta en los demás municipios de Coahuila y, en general, el que se presta en todos los municipios de México. Ocasionalmente, en algún lugar, por periodos de tiempo breves, se ha dado un servicio medianamente aceptable.  La historia y el estado actual nos revelan una deficiencia congénita en la calidad de los servicios que proporcionan los cuerpos municipales de policía. Prevalecen la arbitrariedad, la corrupción, los privilegios, la impunidad y el atraco constante a la población.

El marco jurídico y las ideas con las que se ha gobernado a México hacen imposible que las policías municipales, al igual que otros cuerpos policiacos, puedan funcionar bien y sirvan a la sociedad.  Hemos convivido con una caricatura de federalismo y un cúmulo de hipocresías y simulaciones, distorsionando conceptos básicos como el de la autonomía municipal o la separación de poderes. Tenemos que hacer una revisión a fondo del marco jurídico y de la cultura imperante para que el ciudadano se convierta en el centro de la actividad pública. Hace falta un Estado que represente y responda ante la ciudadanía, no ante sí mismo.

Lo primero que hay que transformar es el concepto mismo de policía “preventiva”, absurdo que limita la posibilidad de una actividad integral de cualquier policía y lo separa de los procesos judiciales y de justicia.  La policía municipal o estatal o federal debe ser investigadora, conforme a la naturaleza de su actividad, formando parte inicial de la actividad judicial. Debe estar facultada para recibir denuncias y en ocasiones actuar de oficio y siempre investigar. El concepto de “preventiva” es una originalidad nefasta que sólo existe en nuestro país con los infames resultados que padecemos.

Actualmente las policías municipales, como las de Saltillo, Ramos Arizpe y tantos municipios de México, carecen de profesionalismo y están pobremente vinculadas a los demás órdenes policiacos, lo cual impide su buen funcionamiento y las convierte en bandas de atracadores como lo vemos con los paisanos y con una buena parte de la ciudadanía. Se agreden y matan entre ellos mismos y, si bien nos va, se convierten en agentes de tránsito de baja calidad alejados de los requerimientos de seguridad de la población.

Al policía hace falta dignificarlo, lo cual sólo es posible preparándolo y profesionalizándolo dentro de una organización profesional que aún no hemos instituido. Depurar los cuerpos de policía es bueno, pero a todas luces insuficiente, pues ocho días después vuelven a recaer en los vicios de siempre. Los jefes de policía y todos los mandos intermedios deben ser profesionales y no políticos o burócratas improvisados y su organización debe estar armoniosamente coordinada con otras corporaciones y con las autoridades judiciales.  Por supuesto que también deben revisarse las instituciones y procesos judiciales empezando por la nefasta existencia de los ministerios públicos, siguiendo con los jueces para terminar con los centros de detención.

Tenemos un mal sistema de policía con resultados que no satisfacen más que a la delincuencia, pero aspiramos a tener una policía que proteja y sirva al ciudadano con una organización confiable y profesional que favorezca la dignidad, el bienestar y el desarrollo profesional de quienes sirvan bien. Hay ciertamente buenos elementos en las actuales policías, pero dominan el escenario público los malos policías, los malos jefes y la mala organización.

México tiene un número demasiado grande de corporaciones policiacas y más policías por habitante que muchos países, pero no tenemos más seguridad. Una policía nacional puede ser la solución, pero en todo caso necesitamos reducir el número de corporaciones y coordinar mejor a las que queden. En la mayor parte de los países europeos se han logrado buenos resultados con organizaciones nacionales de policía, en tanto en Estados Unidos prevalece una dispersión de cuerpos policiacos relativamente bien coordinados con resultados menos satisfactorios que los que obtienen los europeos.

Si queremos tener seguridad es indispensable organizar bien a quienes la van a proveer e iniciar cambios de fondo en nuestra cultura ciudadana.

aluti@prodigy.net.mx