Los mexicanos en general y los coahuilenses en particular no confiamos en la policía preventiva, ni en el Ministerio Público (PGJE), ni en los jueces, ni en la rehabilitación o castigo de los Ceresos; es decir, no confiamos en las instituciones y procesos de impartición de justicia, por la muy simple y sencilla razón de que no imparten justicia.

La falta de funcionalidad y eficacia de las leyes y de las instituciones encargadas de procurar justicia dejan a la sociedad indefensa ante la actividad del crimen organizado y de los criminales de toda clase que actúan, crecen y se multiplican al amparo de la impunidad que necesariamente resulta.

Es tal el grado de descreimiento existente que ya la ciudadanía no espera que se haga justicia, desea que se haga, pero no espera que esto ocurra, por lo que la mayor parte de los delitos no llegan a ser denunciados. La consecuencia es siempre la impunidad, por lo que se acaba castigando sólo uno o dos por ciento de los delitos que se cometen.

Tenemos malas leyes y tenemos instituciones débiles. ¿Cómo luchar contra la actividad criminal en estas condiciones.

Nuestra primera tarea tiene que ser dotarnos de leyes e instituciones adecuadas y suficientes, respetuosas del ciudadano y de sus legítimos intereses.

Por citar un ejemplo, podemos señalar que la actual legislación permite que las autoridades encargadas de aplicarla distorsionen la figura del “perdón” aplicándolo indistinta y conjuntamente a dos conceptos totalmente diferentes como son la sanción del delito y la reparación del daño causado.

El delito nunca debe dejar de sancionarse, pues siempre se agravia a la sociedad y a terceros vinculados con la víctima y no sólo a ésta. La reparación del daño implica primero el daño causado a la víctima y luego el adicional que se haya podido causar a la sociedad en su conjunto o a terceros. La cuantificación económica y moral del daño a la víctima siempre es en detrimento de la víctima por la dificultad legal y natural para determinarlo, lo cual nuestra legislación no resuelve bien y conduce a estimarlo en menos de lo que realmente es. Para colmo, ese daño insuficientemente cuantificado, es objeto de una negociación en donde la autoridad, generalmente el Ministerio Público, pone en desventaja a la víctima que es presionada, realmente obligada, a “convenir” un aberrante “perdón” a cambio de una compensación que acaba siendo irrisoria. El “perdón” de la víctima elimina la sanción del delito y da al traste con lo que debería ser una justa reparación del daño ocasionado.

La indefensión práctica y real de la víctima es ocasionada mayormente por el Ministerio Público que usualmente es burocrático y negligente, con frecuencia mal intencionado y corrupto, lo cual generalmente acaba siendo en perjuicio de la víctima y en beneficio e impunidad del delincuente. Esto lo vive a diario una sociedad que nunca ve la suya. Para combatir a la delincuencia primero hay que cambiar a la autoridad: legislativa, ejecutiva y judicial.
El pasado 5 de enero VANGUARDIA dio a conocer un suceso, indignante como el que más, donde con un abuso sexual se agravió, en la guardería Ady’s del IMSS en Saltillo, a una niña, casi una bebé, de tres años de edad. Al agredir de esta infame forma a la pequeña se agravió también a su madre y a su familia, quienes de manera inevitable compartirán por muchos años las enormes consecuencias del acto criminal cometido. Pero este crimen, cuya impunidad quedó en evidencia, constituye un serio agravio a la sociedad entera. Crímenes de esta naturaleza y la impunidad que les sigue nos afectan a todos los ciudadanos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió recientemente sobre este caso una Recomendación al Gobernador del Estado, Humberto Moreira Valdés y al director general del IMSS, Juan Francisco Molinar Horcasitas. La recomendación emitida por la CNDH se produce al haber ocurrido irregularidades graves, como la pésima y sin duda delictiva actuación de las autoridades involucradas, mismas que dependen del propio Gobernador de Coahuila y del director general del IMSS.

En el IMSS hay solapamiento y posiblemente negligencia o algo peor. También debe haber responsabilidad, no sólo en el discurso, sino en las hechos, pues la sociedad está harta de simulaciones, incumplimientos y evasivas. La madre y su hija, hoy víctimas de un tremendo agravio, acudieron a una institución, no a una persona física, por lo que ésta debe asumir su responsabilidad sin diluirla.

¿Qué hará la PGJE?

Sólo la intervención personal y directa del gobernador del Estado Humberto Moreira y del Procurador de Justicia Jesús Torres Charles podrá conducir este delicado y grave caso a una solución que proteja y revindique a las víctimas de los delitos cometidos y se sancione a quienes los cometieron, tanto particulares como funcionarios públicos.

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