Lo que es de todos no es de nadie, reza la máxima que ilustra el problema de los bienes públicos o colectivos.

Todo lo que poseemos en común es objeto de una doble tentación: consumir individualmente el máximo posible y pagar el menor costo por hacerlo. El antídoto se consigue con reglas obligatorias para todos los copropietarios que puedan ser hechas cumplir por una autoridad reconocida y con capacidad inescapable de sanción. Cuando el antídoto no existe sólo se puede esperar que el bien común se desperdicie y todos perdamos.

En la semana del 27 de julio al 1 de agosto El Universal dio a conocer varias realidades que afectan la integridad con que se usan recursos públicos del país. Una es la investigación sobre el destino de los recursos de Procampo. La otra es la revelación sobre la “ordeña” en ductos de Pemex.
La información da en el corazón mismo del 27 Constitucional, que consigna que la tierra es propiedad de la nación, y que el Estado la otorga en concesión a propietarios privados, ejidales o comunales. También ahí se asienta que el petróleo es propiedad de la nación y que el Estado lo administrará en forma monopólica.

En el caso del Procampo la información exhibe la incapacidad del Gobierno para administrarlo y controlar las manos a las que llega el dinero para el apoyo a los campesinos. Entre los beneficiarios aparecieron narcos y potentados agrarios; la Sagarpa aceptó que se requiere revisar el padrón.
Se trata entonces de recursos fiscales entregados a manos distintas de sus destinatarios legítimos los que, a su vez, requieren de esos recursos por las lamentables condiciones en que se encuentra el campo mexicano desde hace décadas.

Por cierto, una nota de humor negro la puso la búsqueda del campesino extraviado en Hidalgo, cuya ausencia ponía en entredicho el quórum de la asamblea para hacer el traslado de dominio de las tierras para la nueva refinería.

Vale preguntarse cuántos campesinos ya no están en sus núcleos de población de modo que no es posible cumplir las condiciones para que alguno de los que todavía quedan pueda vender sus tierras. Sin cumplir esta condición de la ley agraria no se puede vender la tierra, al menos legalmente.

Aunque aparentemente se trate de algo distinto, el combustible ordeñado a Pemex es en parte resultado de una suma de negligencias de los encargados de administrar esos “bienes de la nación”. Sin ignorar el hecho de que en este caso se enfrenta a la delincuencia organizada para el robo de combustible, es pertinente preguntarse si no se ha llegado a esta situación por una mala organización y control de la empresa.

Los problemas de tenencia de la tierra al igual que los de la administración petrolera son ejemplos rotundos de bienes públicos o colectivos que operan bajo reglas inadecuadas para evitar el “problema del gorrón” que impide mantener su rendimiento eficiente. Una reacción inmediata pero simplista para atender el asunto es la privatización. Probablemente, en el caso del campo no haya ninguna otra salida eficiente más que la dotación de la tierra a los campesinos en propiedad privada con el objeto de que puedan convertirse en verdaderos agricultores. .

Lo mismo puede decirse de Pemex: privatizar áreas como refinación o el transporte, puede introducir el incentivo de cuidar el recurso porque de otra forma se afectaría el rendimiento a los bolsillos de los inversionistas y “la nación” cobraría más.
Pero hemos visto claramente que la reforma ofrecida por el Gobierno fue objeto de una resistencia ideológica persistente, a pesar de ser esta una sinrazón. Mientras sigamos así estaremos condenados a que lo que es de todos siga siendo de nadie.
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