La corrupción es un problema local y mundial, lo cual no la justifica. Debemos compararnos con los mejores países. Para muchos mexicanos, que se benefician de ella, la corrupción es el medio de arreglar las cosas. Las arcas y el puesto son vistos como un botín. El ayuntamiento de Frontera, Coahuila, es todo un caso. Regidores de PRI y PAN se pusieron en huelga de hambre hace un par de meses. Protestaron por la falta de transparencia en la aplicación de los recursos. Acusaron al actual tesorero de desvío de recursos y de “que no se ingresa a tesorería lo que se capta”. Lideresas allegadas al Alcalde acusaron a los regidores de fingir la huelga, de buscar un bono de salida, y que por eso quieren imponer al ex tesorero. Éste último fue destituido por malos manejos, según la Auditoria Superior del Estado.

VANGUARDIA publicó que los regidores se opusieron hace unos meses al cambio de director de la Policía Municipal, por debido a que es militar. Los regidores pidieron 250 mil pesos —para cada uno— al secretario de Gobierno, Armando Luna, para darle el sí al cambio en una reunión de Cabildo. Total, ya no sabe uno a quién creerle.

En Frontera liquidaron a 90 empleados y ahora 70 más se irán. Esto indica que hay pocos recursos, queja generalizada en los municipios. Primero deberían aprender a hacer buen uso de ellos. Debería estar prohibido por ley que los funcionarios manejen dinero en efectivo. Puro chequeo tarjeta, para que exista una huella. La declaración patrimonial debería ser pública, ya que el solo entregársela al mismo Gobierno es taparse con la misma cobija. “Puede exigirse a los altos funcionarios colocar sus activos en un fideicomiso ciego”.

Como soluciones el Gobierno está considerando funcionarios profesionales con el servicio de carrera. Los funcionarios que temen perder sus empleos en las próximas elecciones pueden estar tentados a dedicarse a enriquecerse por procedimientos siniestros. El decreto constitucional que promulgó Calderón para topar, tabular y hacer públicos los sueldos de funcionarios es un buen paso en la solución del problema. El decreto dice que el sueldo debe ser proporcional a su responsabilidad. Falta algo importante, que es medir si se desquita ese sueldo. Para ello se puede comparar la productividad y los sueldos de funcionarios con la de los trabajadores en puestos parecidos del sector privado.

Generalmente hay unos pocos funcionarios con altos sueldos y muchos de niveles operativos con sueldos bajos. Hay que buscar el punto medio porque un empleo muy mal pagado se presta para que el funcionario lo compense pidiendo sobornos. Se presentan además los conflictos de interés. Nuestras leyes los contemplan, pero raras veces se respetan o se castiga al que las incumplen.

Una alternativa es que el Gobierno tome distancia de la prestación de servicios, contratando a empresas privadas. El riesgo es que se de un favoritismo en las privatizaciones, mediante reglas y leyes, cuando el funcionario busca su propio interés económico.

Otra situación no muy regulada es el uso de información privilegiada para favorecer, indebidamente, los negocios en los que tiene un interés, a costa de otras empresas que podrían realizar tareas públicas con un costo más bajo o de una forma competente. Hay que tener presente que son nuestros impuestos los que se gastan y no debemos permanecer indiferentes.