El 19 de enero pasado, el SAT informó a la prensa que había dado de baja del Padrón de Importadores a 10 mil 590 contribuyentes por no haber actualizado su firma electrónica avanzada (Fiel). El SAT argumenta que difundieron por diferentes conductos el requerimiento de renovar la Fiel, pero los empresarios se consideran sorprendidos y afectados por la decisión tan drástica de cancelar su registro, impidiéndoles continuar los trámites de importación que estaban por realizar.

Las quejas de los importadores afectados muestran que la comunicación del SAT no fue tan efectiva y que la respuesta de la autoridad es excesiva, pues la falta de un trámite que debiera ser simple, renovar la Fiel, no amerita que se sancione interrumpiendo la operación de quienes participan en el comercio exterior.

El SAT tenía en enero 45 mil 809 empresas registradas en este Padrón, por lo que al cancelar unilateral y arbitrariamente el registro de 10 mil 590 empresas, canceló nada menos que el 23 por ciento del total, la cuarta parte, mismas que ya habían cumplido con los requisitos y trámites, que no son pocos, para poder realizar operaciones de comercio exterior. El trastorno que se ocasiona a las empresas es de importancia y lo único que pueden hacer, además de resentir el perjuicio a sus actividades, es apresurarse para reactivar su registro mediante la renovación de la Fiel. El trámite es simple, pero no rápido, pues la autoridad, el SAT, se toma cuando menos 15 días para procesarla. Falta que lo hagan, no hay modo de exigirles, ni ante quien quejarse.

Para los funcionarios del SAT es simple: no hay renovación de un requisito que ya se había cumplido, se cancela un registro. Ven trámites, no ven negocios, ni esfuerzos empresariales, ni empleos.

Están dentro de un proceso de simple depuración. En 2005 había en el padrón 131 mil 500 empresas y en enero de 2008 sólo eran 45 mil 809, los 85 mil 691 registros cancelados correspondían a empresas que en 12 meses no habían importado.

Lo ocurrido es muy grave y constituye un buen ejemplo de lo dañino que resulta para los negocios y para el país la burocracia y la tramitología. Para las burócratas del SAT resulta fácil y simple una medida tan exagerada, tan absurda, pues obstruye en forma absoluta la buena marcha de cualquier empresa. El trámite omitido, por su parte, es de lo más simple e intrascendente, de no ser por la sanción que aplica una burocracia insensible. No les importa, ni el país, ni los negocios, sólo el trámite que debía renovarse.

Conviene recordar que el SAT ha venido integrando una base de datos muy completa. Es impresionante la cantidad, complejidad y actualidad de la información que tienen sobre cualquier contribuyente; sin embargo, no dejan de estar solicitando en forma repetitiva actas, poderes y muchos otros documentos que inciden en pérdidas de tiempo y gastos en las empresas. Uno de estos excesos es la exigencia misma de registrarse en el padrón para realizar cualquier importación, entorpeciendo y encareciendo las operaciones de comercio exterior. El padrón podría estarse integrando y actualizando en forma automática sin molestar al contribuyente.

El registro inicial en el padrón es todo un trámite que puede tomar meses, y tan complejo que las secretarias de Economía y Hacienda elaboran “instructivos” y ofrecen “cursos” para llenar las solicitudes. Este trámite, tan complejo como inútil, se suma a muchos otros que acaban no sirviendo para nada, pero sí demorando y encareciendo la operación de las empresas, afectando más a las pequeñas. Si la inscripción en el padrón resulta de una utilidad tan escasa o tan dudosa, más lo es la renovación de la firma electrónica avanzada. Si ya se hizo ¿cuántas veces hay que repetirlo? Se necesita tener la mentalidad y la impunidad de un burócrata para entender el porqué de una tramitología que asfixia a los negocios.

Crear un mejor ambiente de negocios que propicie el crecimiento económico requiere mejorar la tan baja calidad de la administración pública, reducir o eliminar la insensibilidad y la torpeza de una burocracia que impunemente multiplica las cargas de la actividad económica. La tramitología cuesta, y cuesta mucho, para el burócrata es fácil aumentarla haciendo que le cueste al contribuyente, sin ver que al entorpecer la actividad empresarial se deteriora la competitividad del país y se condena a los mexicanos a las lamentables condiciones de pobreza y desigualdad que tenemos.

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