“A la distancia de sesenta y un años de haberse iniciado la Revolución Mexicana, con la claridad que da el tiempo, puede asegurarse que la causa fundamental de ese gran movimiento social que transformó la organización del país en todos o casi todos sus variados aspectos, fue la existencia de enormes haciendas en poder de unas cuantas personas de mentalidad conservadora o reaccionaria”. Con este párrafo inició don Jesús Silva Herzog su “Breve historia de la Revolución Mexicana” (Fondo de Cultura Económica, 2ª edición, 7ª reimpresión). En los albores del Centenario de esa gesta y del Bicentenario de la Independencia, pareciera que tanto el Congreso como el Ejecutivo federal se empeñan en desandar el camino recorrido en su momento por los autores de las Leyes de la Reforma Agraria y de Desamortización de los bienes del Clero, ésta última aprobada el 25 de junio de 1856. Si durante la Colonia y los primeros años de la República el diezmo se convirtió en el mecanismo de concentración de la propiedad de la tierra por parte del Clero, en el gozne de los siglos 20 y 21, el régimen de Consolidación Fiscal estimula un renovado proceso de concentración de la propiedad de la tierra financiado esta vez, ironías de la vida, con los recursos del propio fisco. Y es que la versión mexicana de la Consolidación Fiscal contempla un componente al parecer inexistente en los sistemas equiparables de otros países: el libre flujo de dividendos financieros entre controladas y controladoras, postergando el pago del ISR. Anteriormente este plazo era indefinido. A partir del 2010 será por cinco años, disponiendo de otros cinco para liquidarlo, a una tasa real del cero por ciento, en cómodas anualidades. Los 422 conglomerados inscritos en este esquema, pueden adicionalmente consolidar, en un mismo ejercicio fiscal, las pérdidas de sus 4 mil 862 empresas y, como pilón, todas las transacciones al interior del grupo están exentas del pago del ISR. Este marco normativo, cuya intención declarada es estimular la inversión y la consecuente creación de empleos, produce graves distorsiones económicas: los grupos amplifican al máximo el valor de las transacciones entre sus propias empresas (en ocasiones acudiendo a prácticas de sobrefacturación), maximizan las “pérdidas” (adquiriendo, con dinero del ISR, nuevas “empresas” y acudiendo a los esquemas de amortización acelerada de la inversión) y postergando al máximo el pago del ISR a su cargo. Una de las estrategias empleadas por estos grupos ha sido la creación de empresas dedicadas a la adquisición, con dinero del ISR, de bienes raíces, tanto en las áreas urbanas como rurales. No es preciso ir muy lejos para encontrar ejemplos concretos de lo aquí planteado. Bien harían los Legisladores y el propio Ejecutivo federal en revisar, en el Registro Público de la Propiedad, la adquisición, por parte de empresas de estos grupos, de propiedades ubicadas en las Áreas Naturales Protegidas (como la de Maderas del Carmen, por ejemplo), o en la Sierra del Burro, o de ranchos cinegéticos localizados en la frontera norte de México, o de bienes raíces en las principales zonas metropolitanas del país. La injusticia se multiplica cuando incorporamos en el análisis a los destinatarios del gasto público, pues sin contribuir equitativamente al financiamiento de los programas gubernamentales, los grandes grupos económicos son sus principales beneficiarios. Este “arreglo” contraviene todos los principios de una adecuada política fiscal, pues es contrario a la equidad, propicia ineficiencia económica, disminuye la recaudación de impuestos e introduce una indeseable complejidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Vaya forma de celebrar el Centenario y el Bicentenario; sembrando vientos para después pelar los ojos y lavarse las manos cuando aparezcan las tempestades. adavila_mx@yahoo.com.mx Alejandro Dávila Flores