El gozo, frente a la expedición de una cuarta orden de captura contra el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, se le fue al pozo al Grupo Industrial Minera México   


El gozo, frente a la expedición de una cuarta orden de captura contra el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, se le fue al pozo al Grupo Industrial Minera México al perder un litigio en Estados Unidos bajo cargos de quiebra fraudulenta de una de sus filiales.  

Estamos hablando del emporio productor de cobre conocido como Asarco (American Smelting and Refining Company), que la firma de Germán Larrea Mota Velasco había adquirido en 1999 vía una compra hostil que dobló a la firma Phelps Dodge.  

De acuerdo con las versiones propagadas por los abogados de la contraparte, la sentencia emitida por el Tribunal de Quiebras de Corpus Christi, Texas, obligaría al Grupo México al pago, a título de indemnización, del escándalo de 8 mil millones de dólares.  
La querella, empero, planteaba un monto aún más inaudito: 11 mil millones de dólares.  

La historia se inicia tras la declaración de bancarrota de la firma promovida por el Grupo Minera México hace tres años, es decir, seis después de la adquisición, bajo el alegato de que las multas que le había impuesto la autoridad por violaciones ambientales superaban al valor de sus activos, además de acumular graves pérdidas por una larga huelga de cuatro meses.  
El problema es que en la fase previa se le había desprendido a la compañía de sus activos más valiosos, entre ellos el 54 por ciento de la productora peruana de cobre Southern Perú Cooper, cuya propiedad se le endosó al emporio de Larrea.  

De acuerdo a los socios minoritarios de Asarco, el paquete mayoritario de la firma se subvaluó en 500 millones de dólares.  

Más aún, la maniobra dejó indefensa a la firma para hacer frente a sus compromisos, tras despojarla de sus activos rentables.
 
Lo cierto es que aceptada la inclusión de la firma en el Capítulo XI de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos, se integró una Junta de Directivos dividida en tres partes, de las cuales sólo una correspondió al Grupo Minera México.  

Como representante de éste en el gobierno compartido por los socios minoritarios y el Gobierno, se nombró, por cierto, al ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán.  

El caso es que por mayoría de votos el órgano aceptó una oferta de compra por parte de la empresa india Ventura Resources, por 2 mil 600 millones de dólares.  

La operación la avaló la Corte de Quiebras.  

El problema es que la firma aceptó pagar los pasivos de la empresa, calculados en 550 millones de dólares, no así las multas por daños ambientales.  

Naturalmente, el Grupo México impugnó la transición, alegando que no se habían respetado sus derechos como socio mayoritario.  
De hecho, la empresa había colocado una oferta en firme para alcanzar el 100 por ciento del capital, que a su juicio debía tener prominencia.  

Según el testimonio ofrecido por el propio Larrea, la posibilidad no fue analizada con el rigor debido, dado que ofrecía 2 mil 700 millones de dólares.

Más aún, Asarco tomaría mil millones de dólares de su caja para hacer frente a las multas ambientales, con la posibilidad de disponer, en su caso, de 400 más.  

Adicionalmente, la propuesta hablaba de regresarle la viabilidad a la compañía en la coyuntura de los altos precios del cobre, en un escenario en que durante el 2007 había obtenido ganancias por 650 millones de dólares.  

El alegato, pues, se fue a la coladera.  

Lo curioso del caso es que el juez de la causa, Andrew S. Hanon, tenía un plazo de ley que venció en agosto para emitir sentencia.
Se tomó, pues unos días más… para levantarle la mano a los quejosos que reclamaban daños punitivos.  

El Grupo México así, pierde la compañía que naciera a finales del siglo XIX, y que en 1901 adquiriera el legendario Mayer Guggenheim, además de cubrir una colosal indemnización.  
Golpe a Larrea.   

Balance general   

De acuerdo con la Coparmex local, la nueva Ley de Establecimientos Mercantiles del DF que prepara la Asamblea Legislativa está llena de inconsistencias. Se diría que el remedio resultó peor a la enfermedad.  
La alternativa habla de establecer la obligación de restaurantes, lugares de espectáculos y centros nocturnos de otorgar a la clientela dos horas de estacionamiento gratis; de recorrer una hora el horario de venta de bebidas alcohólicas; de sanciones efectivas para quien venda éstas a menores de edad.  

Además, se exige destinar espacios para estacionamiento de bicicletas; cámaras de circuito cerrado para seguridad; regular el cobro de propinas; ubicar en la carta información sobre la calidad nutricional de los platillos…   

Historia de éxito   

En sólo tres años de presencia en el país, la firma fabricante de motocicletas Italika ha logrado posicionarse del 50 por ciento del mercado, facturando medio millón de vehículos.  

La empresa propiedad del Grupo Salinas plantea producir 350 mil más por año, tras la instalación de una planta ensambladora en Toluca, con un inversión de 165 millones de pesos.  La estrategia, además, ha permitido la participación de 500 microempresas que instalaron talleres de mantenimiento.   

Basura a Jalisco   

Rechazados por representar un peligro potencial por los gobiernos de Baja California, Sonora y Chihuahua, miles de cilindros de gas LP, ahora resulta que la empresa Tomza los está introduciendo subrepticiamente a la zona metropolitana de Guadalajara.  
De acuerdo con los técnicos, los envases identificados con los colores amarillo y azul no cumplen con la Norma Oficial Mexicana, además de haberse fabricado con visibles defectos.

De hecho, en su confección se utilizó lámina de uso convencional en lugar de acero al carbono micloaliado.  

El alerta llegó tras una explosión en una planta de la firma en Cd. Juárez, que dejó cilindros abiertos al cuerpo, lo que de acuerdo con las especificaciones no debió suceder por fabricarse de una sola pieza.   

Donde manda capitán…   

En efecto, tras la renuncia de Roberto Campa Cifrián a la secretaría técnica del Consejo Nacional de Seguridad Pública existe la exigencia de Elba Esther Gordillo de que se incorpore a la presidencia del Partido Nueva Alianza, en sustitución de Jorge Kahawagi, cuyo último escándalo representó su puntilla.  El nombramiento se hará público una vez que se calmen las olas del escándalo tras lo que se interpretó como la primera caída de las piezas del Gobierno Federal, luego del tronante “si no pueden, renuncien”, del empresario Alejandro Martí.  
Donde manda capitán no gobierna presidente.  

Paréntesis
Por vacaciones de su autor, esta columna volverá a publicarse el miércoles 24 del mes que corre.   

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