“No descendáis de la serena región de los principios a los fosos infectos del insulto”.
—Otto Morales Benítez

Las naciones crecen en población, en complejidad organizacional, en necesidades diversas que demandan satisfactores; este crecimiento implica un mundo de diferencias que van desde el credo religioso hasta las preferencias por equipos deportivos y todo esto opera en el mismo espacio público, de ahí la relevancia de incentivar la tolerancia como instrumento sine qua non de la convivencia pacífica.

El orden jurídico no garantiza la tolerancia, ni aunque se prescribiera por mandato constitucional, porque este valor se aprende desde casa, ahí los padres tienen el deber ineludible de proveer su germinación y fortalecimiento. Mucho de la madurez cívica que reflejan las sociedades avanzadas en actitudes y comportamientos ad hoc, son indicadores fehacientes de cuánta tolerancia se vive en la comunidad.

Cuando la intolerancia se promueve desde las esferas gubernamentales es una perversión del poder, se trata de una “estrategia” que fomenta la radicalización de posiciones y la inhibición de conductas contrarias a lo establecido por la civilidad y las leyes, con el consecuente enrarecimiento del diálogo que alienta acuerdos, de ahí que la defensa de los principios de la tolerancia, sea una actitud indeclinable.

La intolerancia es un bicho destructor, un hierbajo que si no se le arranca de raíz se adueña de todos los espacios y estrangula cuanto de sano encuentra a su paso. Se enquista en el subconsciente y desde ahí genera sus efectos destructores. Abreva en el despotismo, la arbitrariedad, la hegemonía, el abuso, el avasallamiento, el atropello, el sometimiento, la sujeción e iniquidad.

Disentir es un derecho y la reacción ante su práctica pinta de cuerpo entero el nivel de democracia de una sociedad. Aceptar y promover que haya otros y otras que piensen diferente a quienes tienen el poder —el político, el económico, el social— es garantía de crecimiento y progreso social.

“La tolerancia —en palabras del filósofo inglés J. Stuart Mill, en su libro “Sobre la libertad”— es el punto medio entre el despotismo y la anarquía”. Y vaya que tenía razón.

Hay políticos que estiman que sólo se puede obtener un trato adecuado cuando se actua con prepotencia y no tienen empacho alguno en exhibir su propensión. Apenas el miércoles de esta semana, tuvo lugar en el recinto del Poder Legislativo local un espectáculo lamentable; los testigos de ello fueron algunos reporteros que cubren la fuente, personal que labora en el propio Congreso, y unas dos o tres personas de las asiduas a las sesiones. Cabe mencionar que no obstante que las sesiones son públicas, tal vez porque tienen lugar a horas laborables, se dan prácticamente en solitario. El martes no fue la excepción.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentó un pronunciamiento en el que declaraba entre otros asuntos, la suma de sus integrantes al plan de austeridad acordado por el Comité Ejecutivo Nacional, consistente en destinar un diez por ciento de las percepciones de cada diputado –panista, por supuesto– a aliviar la situación económica por la que están pasando, infortunadamente, muchos mexicanos.
 
Esto fue interpretado por el coordinador de la bancada priísta y presidente de la Junta de Gobierno, como una agresión directa no sólo a la mayoría que él dirige, sino a toda la estructura de gobierno que encabeza el profesor Moreira. El propio Gobernador del Estado ha anunciado que se descontará el 15 por ciento de su salario y el 10 a sus secretarios y subsecretarios. ¿Por qué eso no despertó la ira de sus correligionarios en el Congreso?

En Acción Nacional, por disposición estatutaria, los legisladores estamos obligados a entregar un 8 por ciento de nuestras percepciones al partido y un dos por ciento al fondo del grupo parlamentario, mensualmente.
Se duplicará con este donativo la aportación. No necesito que me lo descuenten de nómina, tengo clarísima mi obligación y la cumplo religiosamente.
También informo que los 25 mil pesos que se nos entregan a cada diputado para apoyo parlamentario, los destino a eso, y lo mismo ocurre con los 20 mil pesos etiquetados para gestión social. La documentación que sustenta mi dicho está a las órdenes de quien guste revisarla.

No es con insultos, ni con prepotencia como se construyen acuerdos, la intolerancia nunca ha sumado, ni multiplicado a favor de nada, ni de nadie, sino todo lo contrario. Coahuila es propiedad de los coahuilenses, no heredad de ningún partido político, por más procesos eleccionarios que domine.