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La improbable perversidad de eliminar la tenencia

Onésimo Flores Dewey
 
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  • 22 octubre 2009
  • Mientras en el Congreso de la Unión los diputados aumentan nuestras contribuciones, algunos gobernadores buscan eliminar el cobro del impuesto sobre tenencia vehicular. El recién electo Gobernador de Querétaro ya firmó el decreto respectivo mientras que el de Coahuila ya puso el tema en la mesa, sugiriendo que tomará una decisión antes de su próximo Informe de Gobierno .
    Quizás algún otro estado se sume, pues la idea es políticamente irresistible: liberarse del costo político de cobrar impuestos, sin dejar de financiar su gasto con participaciones y aportaciones federales.

    El ejemplo de Coahuila sirve para ilustrar las implicaciones financieras de esta popular medida. El aumento de un punto porcentual al IVA representa ingresos adicionales por 27 mil millones de pesos anuales. Usando datos del Centro de Estudios de Finanzas Públicas, podemos estimar que a los habitantes de Coahuila corresponderá pagar 350 mdp. Los nuevos impuestos a telecomunicaciones, cerveza y tabaco buscan recaudar 21 mil 677 mdp, de los cuales los coahuilenses pagarán aproximadamente 151.7 millones . Es decir, los habitantes de Coahuila aportarán por estos conceptos alrededor de 500 mdp para sanear las finanzas nacionales.

    Pero si el gobernador Moreira elimina el cobro de tenencia, Coahuila dejará de recaudar al menos 516 millones anuales. El dolor desatado por los recientes aumentos al IVA y al IEPS será en vano. En el agregado, una medida cancela a la otra, con una diferencia fundamental: el Gobernador será vitoreado como héroe, mientras que el Presidente y los diputados que aprobaron el aumento de impuestos serán recordados como villanos.

    Quienes buscan estos aplausos deberían enfrentar decisiones difíciles. Si para cubrir el hueco optan por recortar burocracias innecesarias, tendrían que explicar por qué cuentan con tales ineficiencias. Si recurren a la deuda, necesitarían justificar por qué cargan la mano a próximas generaciones. Si simplemente cancelan obras o programas, detonarían un sano debate público sobre sus prioridades.

    Lamentablemente nada de esto va a ocurrir. Los gobernadores que proponen eliminar la tenencia pueden vivir de las transferencias federales. Perder 590 millones no suena tan mal en Coahuila, particularmente cuando contrastamos la cifra con los 21 mil 848 millones que transfirió el Gobierno Federal a esta entidad en 2008. Querétaro podrá renunciar a recaudar sus 441 millones de tenencia, pero sólo porque confía en recibir alrededor de 15 mil mdp de la Federación.

    La perversidad de la medida no radica en el pragmatismo político de sus proponentes, sino en la profunda injusticia que detona. A pesar de su evidente popularidad, eliminar la tenencia lastima a muchos para privilegiar a pocos. Todos pagarán más en IVA, pero sólo aquellos que tengan coche dejarán de pagar tenencia. La gente más pobre de esos estados subsidiará con sus impuestos al propietario del auto último modelo.

    Aunque imperfecta, la tenencia no es técnicamente mala.
     Es un impuesto progresivo, pues pagan más quienes tienen un coche más lujoso. Es equitativo, pues afecta a quienes pueden pagar un vehículo, y no a los millones obligados a viajar en camión. Es un impuesto justiciero, pues ayuda a corregir externalidades del uso del automóvil —como congestión y contaminación. Por el contrario, el IVA tiende a reducir el consumo cuando necesitamos reactivar la economía, y el IEPS sobre telecomunicaciones dificulta cerrar la brecha digital.

    Si los gobernadores pueden operar sin los recursos generados por la tenencia, hay que tomarles la palabra.
    Dejemos que se abrochen el cinturón, pero propongamos mantener este ingreso para crear una alternativa al coche. ¿Por qué no etiquetar los ingresos de tenencia para financiar infraestructura? Con el dinero de 10 años de tenencia Saltillo y Querétaro podrían construir sistemas de transporte masivo similares al Transmilenio de Bogotá o al Metrobús del DF.

    Estas obras generarían empleos y permitirían a los gobernadores seguir colgándose medallas. Además, este mecanismo daría claridad a los contribuyentes sobre el destino de sus recursos. No es lo mismo pagar tenencia para subsidiar ineficiencias que para reducir la congestión en las calles.

    Es cierto que los mexicanos odiamos pagar impuestos. Glorificamos a los legisladores que votan contra cualquier alza, y celebramos a los gobernadores que prometen reducir nuestras contribuciones. Sin embargo, de alguna manera tenemos que financiar los presupuestos que finalmente llegan a los estados y que permiten hacer las obras que necesitamos. Si tenemos que escoger, deberíamos respaldar la opción que perjudique menos a las mayorías y no la que conviene más a nuestros políticos.

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Por: Onésimo Flores Dewey
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