Dada la trascendencia de lo que se calificaba como decisión de Estado, cuya ejecución se advertía riesgosa y compleja, el despacho especializado que diseñó a finales de 2006 las bases para la liquidación de Luz y Fuerza del Centro aconsejaba la integración de un frente político

El eje de la estrategia, dada la imposibilidad de anticipar todos los escenarios posibles, se ubicaba en la necesidad de volver irreversible la medida, señalándose que “las consecuencias de una reversión serían desastrosas”.

La exigencia hablaba de una labor previa, durante y posterior al conflicto, en la que se involucraría al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los gobernadores, a los partidos políticos, a los propietarios de medios de comunicación, a los reporteros, editorialistas, organizaciones sindicales, iglesias y aun a las “embajadas relevantes”.

Este razonamiento partía de la premisa de que nunca existe una rendija que se considere favorable para tomar una decisión de tal naturaleza, aconsejándose, sin embargo, que una buena coyuntura sería el primero o segundo año de gobierno, “ya que los grandes actores políticos y sindicatos están todavía en proceso de posicionamiento”.

La ruta hablaba de integrarse un grupo especial de trabajo bajo la coordinación directa del titular de la Secretaría de Gobernación, aglutinando a las del Trabajo y Previsión Social, Energía, Hacienda, Seguridad Pública, Defensa Nacional…

La fórmula, no obstante, hablaba de encontrar la coyuntura menos desfavorable, lo que implicaría considerar la agenda política, la agenda legislativa y las prioridades presidenciales.

El primer escenario hablaba de analizar si la medida se llevaba a cabo en el contexto de la revisión anual del contrato colectivo de trabajo, o fuera de esa circunstancia.

En cualquier caso se recomendaba diseñar detalladamente un plan de medios y de preparación informativa a la sociedad en su conjunto y a los líderes de opinión, en afán de “sensibilizar” la lamentable situación de Luz y Fuerza.

Asimismo, se aconsejaba formalizar alianzas, subrayándose como la más relevante con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, dado que sin su concurso decidido la medida resultaría claramente inviable.

Otro de los hilos prioritarios eran los partidos políticos, “fundamentalmente con las dirigencias y coordinaciones de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI)”, además del jefe de Gobierno capitalino, para garantizar su neutralidad, y los gobernadores de las entidades federativas que se viesen involucradas, es decir México, Hidalgo, Puebla y Morelos.
 
Adicionalmente, se aconsejaba atender de manera especial a los líderes sindicales “estratégicos”, entre ellos los de la Unión Nacional de Trabajadores, el Sindicato del Seguro Social, el de Trabajadores de la Educación y el de Petroleros de la República Mexicana, para explicarles que se trata de una decisión de Estado acotada a un organismo, y no de una línea de política laboral o sindical.

Ahora que la alianza fundamental sería con la sociedad en su conjunto, vía una labor de información y persuasión al público con argumentos, cifras, datos y evidencias.

Como lee usted, pues, la alternativa se cumplió a medias, dado que si bien por un lado se lanzó una cargada en medios para sensibilizar a la opinión pública de la tragedia de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), se soslayó la exigencia de amarrar otras alianzas.

De hecho, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, se enteró por los medios de la publicación del decreto presidencial de extinción del órgano desconcentrado en una “extra” del Diario Oficial aparecida a la medianoche del sábado 11.

Más allá, la coyuntura tan recomendada resultó la peor, al promoverse al calce de un conflicto interno entre el Sindicato Mexicano de Electricistas, lo que enardeció más a sus integrantes. Y aunque se hablaba de sabotajes en presión del reconocimiento oficial a la reelección de Martín Esparza, no existían evidencias fehacientes de que éstos estuvieran en curso.

No había, pues, un conflicto con la empresa, por más que ésta le había congelado al sindicato electricista el pago de las cuotas previamente retenidas a los trabajadores.

Falló la estrategia.

Papelón de Kessel

Quien ha hecho el papelón en el escenario de la crisis derivada de la extinción de Luz y Fuerza del Centro y la consiguiente terminación de la relación laboral con el Sindicato Mexicano de Electricistas es la titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel.

Insistente en predicar que habría un nuevo órgano desconcentrado en sustitución del extinto por decreto presidencial, se quedó muda cuando se le habló de la figura de patrón sustituto, lo que le abriría la puerta a los trabajadores para reclamar sus derechos.
“Ya no sé ni en que día vivo”, dijo la funcionaria en una entrevista radiofónica.

albertobach@yahoo.com.mx