Nadie sabe bien a bien quién o quiénes son los responsables, por qué recurrieron al terrorismo, para qué llegaron al extremo de cobrar vidas civiles. ¿Cuál es la utilidad?

Pero lo que todos o casi todos sabemos es que en alguna parte y algún grupo social, político o criminal, se cocina una suerte de golpe de Estado contra el Gobierno Federal, estrategia que tocó a la puerta la noche del 15 de septiembre en la capital de Michoacán, Morelia, la entidad natal de Felipe Calderón.

El golpe terrorista detonado en la capital michoacana pudo venir lo mismo de bandas criminales del narcotráfico y del crimen organizado, que de grupos radicales de tendencia político-guerrillera —como las llamadas brigadas bolivarianas—, gestados al amparo de quienes lo mismo promueven la polarización y el odio sociales, la pelea entre hermanos, que impulsan la idea de “reventar” al gobierno de Calderón y “mandan al diablo” a las instituciones.

En todo caso, de lo que está clara una buena porción social es que los políticos de todos los partidos, los líderes de todas las tendencias y golpistas como AMLO no pueden seguir jugando con el fuego de la desestabilización social, la promoción del odio, la caída del gobierno de Calderón y hasta el golpismo, si no quieren ser vistos como parte de los criminales —organizados o políticos— que estimulan un reprobable golpe de Estado contra un gobierno legalmente constituido como el de Calderón que —les guste o no—, por eso mismo es un gobierno legítimo.
Frente a lo ocurrido la noche del pasado lunes en Morelia, ni Andrés Manuel López Obrador, Porfirio Muñoz Ledo, Manuel Camacho, Marcelo Ebrard y… menos el resto de la claque del derrotado candidato presidencial puede seguir el juego de derribar al Gobierno, si no quieren aparecer como responsables de solapar y/o estimular el clima de confrontación, violencia y terror que sale de manos criminales, y que en el fondo busca lo mismo que ellos: la caída del Gobierno y el colapso del Estado.

¿Quién o quiénes son los responsables? Hasta la noche de ayer —y es posible que en muchos días no se sepa—, nadie podía responder esa interrogante. Lo que es posible, sin embargo, es descartar la autoría de grupos guerrilleros como el EPR, cuyo código no acepta daños a la sociedad civil. En esa misma lógica nadie puede dejar de lado la hipótesis de que estemos ante la aparición de un grupo radical de los que en años recientes han incubado y alentado las llamadas “brigadas bolivarianas”, que se sabe reciben adiestramiento en el manejo de armas y explosivos, que se han emparentado a los radicales seguidores de AMLO y a los grupos que en México reivindican a las FARC y la “lucha” del chavismo.

Aun así, y a partir del explosivo presuntamente utilizado —granada de fragmentación—, son muchas las posibilidades de que detrás de los estallidos de Morelia se encuentre alguno de los cárteles de la droga, y que precisamente tienen en Michoacán su principal territorio. Apenas en el Itinerario Político de ayer detallamos el tipo de armas que emplean los cárteles mexicanos, el potencial de las mismas y su capacidad destructiva. Para ningún gobierno municipal, estatal y el federal es un secreto que en esa entidad llega el mayor potencial de armas prohibidas, y que el grupo de La Familia controla el territorio.

Tampoco es una novedad que La Familia ha sufrido serias bajas a manos de las autoridades federales. Por eso, la hipótesis más socorrida sobre la autoría intelectual de los bombazos es la del narcotráfico. Pero también cabe la posibilidad de que algún grupo político o paramilitar se haya montado en la máscara del narcotráfico para llevar agua a su molino.

Por eso debemos pasar a otra interrogante fundamental. ¿Por qué el golpe terrorista en Morelia, la capital de Michoacán, la casa de La Familia, entidad gobernada por un PRD no adicto a AMLO, y que al mismo tiempo es la cuna no sólo del Presidente sino del panismo dominante? ¿Por qué no en cualquier otra entidad, gobernada por el PAN o por el PRI?

Podemos suponer que en Michoacán se vive un proceso como el de Colombia en su momento, que al romperse y/o agotarse los canales de tolerancia, negociación y acuerdo entre los cárteles y el Gobierno surge la guerra entre las partes, en la que el poder fáctico criminal lanza un mensaje de terror contra el poder constituido para someterlo. ¿Por qué recurrir al terror? Porque los criminales pretenden debilitar la confianza social en el poder legal, e imponer su poder y jerarquía a través del miedo.

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