Ubicado como proyecto estelar del Gobierno, a contrapelo de la menguada faltriquera pública, las señales apuntan a que detrás de la prisa por dotar a la población de una Cédula de Identidad Ciudadana se esconde la intención de cortar un traje a la medida para un proveedor.

El negocio se calcula en mil millones de dólares, algo más del 40% de la recaudación esperada de prevalecer el aumento de un punto al IVA.

Como usted sabe, el documento, anunciado por el presidente Felipe Calderón como parte del Acuerdo Nacional por la Seguridad, reclamaría el concurso de sofisticados equipos y tecnología de punta para la obtención de información biométrica de cada mexicano, que incluya fotografías del rostro y del iris de ambos ojos, así como la totalidad de las huellas dactilares.

Sin embargo, al paso de las semanas se empezó a desdibujar el esquema, al punto de olvidarse del chip de seguridad, lo que encendió nuevamente la polémica, planteándose si no sería mejor reforzar los elementos de seguridad de la credencial que expide el IFE.

La sorpresa, sin embargo, llegó al publicarse las bases de la licitación para ubicar proveedores, sin que se tuviera la certeza de que la Cámara de Diputados aprobará la partida correspondiente en el Presupuesto de Egresos.

El caso es que éstas parecieran diseñadas para inhibir la participación de empresas nacionales del ramo.

De entrada, por ejemplo, se impone a los participantes el requisito de contar previamente con 100 maletas de enrolamiento equipadas con tecnología de punta, lo que parece misión imposible. Naturalmente, el beneficio sería para aquellas firmas que las tuvieran de antemano.

El documento señala, además, que una vez otorgado el fallo se le dará al vencedor de la pelea un plazo de ocho semanas para contar con mil equipos de enrolamiento.

La exigencia está en chino, dado que se requiere la importación de éstos…a menos, decíamos, que alguna las tuviera de antemano listas en las bodegas en espera del traje a la medida.

Adicionalmente, se reclama a la firma ganadora montar un centro-data con los equipos de identificación más sofisticados del mundo… en un plazo de 30 días.

Dado lo costoso de éste, la sospecha, pues, sigue apuntando a un escenario justo para un postor previamente ubicado.
La pantalla, pues, cubriría la maniobra.

Por lo pronto, la entrega de propuestas está prevista para el 12 de noviembre próximo, con la novedad de que el fallo se conocería sólo seis días después.

El plazo rompe todas las marcas en licitaciones internacionales.

Ahora que la suspicacia habla de que el concurso se declararía desierto para hacer mayor la finta, lo que dejaría a la Secretaría de Gobernación en opción de acudir al escenario de la adjudicación directa.

Por lo pronto, el favorito es la firma L-1 Identity Solutions, cuyas oficinas se ubican en Stanford, Connecticut, quien mantiene el control del programa de identidad en México gracias a una agresiva campaña de adquisiciones. La compañía sumó a su organigrama a Digimarc Corporation, Polaroid e Identix, tres de las que tienen a su cargo los principales procesos de credencialización en el país, incluido el contrato del IFE.

La vicepresidenta de operaciones de la empresa, Joane Isham, trabajó 26 años en puestos de mando de la CIA.

El escenario remite a lo ocurrido hace unos meses en Chile, donde la falta de transparencia en el proceso de instrumentación de la Cédula de Identidad Ciudadana provocó un escándalo en el gobierno de Michelle Bachelet.

La tormenta la desató el descubrimiento de un doble asesor, que trabajaba, en paralelo con el gobierno, para la empresa multinacional Tata, con sede en la India, a quien se le había adjudicado el principal contrato… laborando en sus ratos libres para el registro civil chileno.
El director de éste, Guillermo Franco, fue destituido y enviado a prisión con cargos de fraude fiscal. ¿Repetimos el numerito?

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