Desaparición y tortura, extendidos en México: HRW
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En la misiva, HRW identificó medidas que debería adoptar la procuradora general para dar cumplimiento a su compromiso de defender los derechos humanos y subrayó que las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura representan problemas extendidos en México
México, DF. El gobierno de México debe "intensificar sus esfuerzos" por asegurar que se investiguen y sancionen adecuadamente las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en el país, como las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura, señaló hoy la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) en una carta enviada a la nueva Procuradora General de la República, Arely Gómez González.
En la misiva, HRW identificó medidas que debería adoptar la procuradora general para dar cumplimiento a su compromiso de defender los derechos humanos y subrayó que las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura representan problemas extendidos en México.
De igual manera, la organización se refirió a las conclusiones de varios de sus propios informes, así como a informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de múltiples organismos de derechos humanos de la ONU los cuales señalan que la regla en estos abusos es quedar en la impunidad.
El gobierno de Peña Nieto se ha esmerado demasiado en restarle importancia a la crisis de derechos humanos en el país, mientras que sus esfuerzos para resolverla han sido absolutamente insuficientes, sostuvo Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de HRW. La nueva Procuradora General de la República está en condiciones de contribuir para marcar un nuevo rumbo para México, pero para ello deberá ser mucho más activa que sus predecesores, dijo.
El colectivo de derechos humanos recordó que en marzo pasado, Juan Méndez, Relator Especial de la ONU sobre Tortura, presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el cual afirmó que la tortura es generalizada en México y que los responsables muy pocas veces son llevados ante la justicia.
Sin embargo, a fines de marzo, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto criticó públicamente al relator especial, y cuestionó su conclusión de que la tortura era un problema generalizado en México. Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para asuntos multilaterales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, indicó que Méndez había sido muy irresponsable y muy poco ético y que había publicado hallazgos que no pudo sustentar, según trascendió en los medios.
En otras ocasiones, altos funcionarios de gobierno, incluido el ex Procurador General Jesús Murillo Karam, expresaron su intención de abordar los problemas de derechos humanos que existen en el país, pero sus esfuerzos han sido inadecuados y han producido resultados limitados, señaló Human Rights Watch.
En junio de 2013, por ejemplo, la Procuraduría General de la República creó una unidad dedicada a casos de desapariciones. Hasta enero de 2015, la unidad no había obtenido ninguna condena por desapariciones forzadas cometidas desde 2007, según información oficial, enfatizó HRW.
La nueva Procuradora General debería trabajar con otras autoridades competentes para asegurar que la unidad especial dedicada a desapariciones tenga recursos y personal suficientes para llevar a cabo investigaciones, señaló la organización.
Human Rights Watch también manifestó que la PGR debería dar a conocer los nombres de 22 mil personas extraviadas o desaparecidas, así como de otras miles más que habían sido denunciadas como extraviadas y que presuntamente han sido halladas. La procuradora general también debería asegurar que los expertos independientes que participan en las investigaciones penales realicen su labor sin interferencias indebidas, y que las víctimas, sus familiares y el público en general tengan el mayor acceso que permita la ley a la información sobre estas investigaciones.
En lugar de reconocer la magnitud de los abusos que ocurren en el país, la respuesta del gobierno mexicano al informe de la ONU sobre tortura fue un ataque injustificado e innecesario a un jurista ampliamente respetado, expresó Wilkinson. La nueva procuradora general ha reconocido su obligación de abordar estos delitos, pero aún está por verse si está dispuesta a hacer lo necesario para garantizar que estos delitos sean investigados de forma exhaustiva y que los responsables sean finalmente llevados ante la justicia.
