Denuncian a Coahuila por desapariciones forzadas e impunidad en el gobierno

Monterrey, Nuevo León.- Al menos 11 organizaciones defensoras de derechos humanos aseguraron que la violación de derechos humanos en México se encuentra en una nueva fase con mayores formas de impunidad en el tema de las desaparecidos en diferentes estados de la república entre los que destaca Coahuila, en la que se enfrentan desatención a las denuncias, omisiones y negligencias en materia de Procuración de Justicia y falta de atención a familiares de las víctimas.

En el marco del Sexto Encuentro de organizaciones que acompañan a familiares de personas desaparecidas aseguran que a pesar de que México es parte de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (2002), el Estado mexicano insiste en desestimar, minimizar y manipular las denuncias y la magnitud de casos de desaparición en el país.

En Coahuila se registran desapariciones forzadas perpetradas por la corporación estatal Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE), quienes fungieran durante más de 4 años sin ley orgánica, respaldadas por el gobierno del estado sin importar la magnitud de las acciones realizadas que podrían elevarse a categoría de delito de lesa humanidad.

Otro caso es el de la frontera norte en donde se detectan poblaciones de alta vulnerabilidad como migrantes, mujeres, niñas y familias cuyas desapariciones van en aumento con omisiones sistemáticas en el actuar judicial y sin garantías de no repetición en los estados de Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.

“La matanza del pasado 6 de enero ocurrida en Apatzingán, Michoacán, es un ejemplo de esta política de terror que se refleja en el miedo delas víctimas a denunciar, no sólo en este evento, sino los casos relacionados con desapariciones y desapariciones forzadas, como lo señalan organizaciones que trabajan en esa entidad”, subraya.

Se advierte también que como consecuencia del trabajo de las organizaciones de derechos humanos, el estado mexicano desestima y además criminaliza nuestra labor. Denunciamos acosos, hostigamientos y atentados a defensores y defensoras de derechos humanos, como en el caso del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y la Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad, de Sonora y Baja California, entre otros.

La respuesta del gobierno mexicano a instituciones internacionales, donde niega las violaciones a derechos humanos, se replica también en el plano nacional no dando cumplimiento a los tratados internacionales en materia de desaparición de personas, evidenciando una falta absoluta de respeto a víctimas y sus familias.

Finalmente demandan el derecho a procedimientos y recursos judiciales rápidos y eficaces para la localización con vida de las personas desaparecidas en el país. Para esto es necesario un Protocolo nacional de búsqueda conforme a estándares internacionales –como existe en el estado de Nuevo León- además de un Padrón nacional de registro de personas desaparecidas y un Banco de datos genéticos.