Denuncian acciones de "limpieza social" en San Cristóbal de Las Casas

El Observatorio SELVAS logra el compromiso de la Relatora CIDH con relación a los casos de violación de los derechos humanos de la infancia y adolescencia trabajadora en Chiapas.

Rosa María Ortiz, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los Derechos de la Niñez, señaló que la presencia de familias enteras -incluso de dos generaciones- en situación de calle en México da cuenta del fracaso de las políticas sociales y de que esta población encuentra ahí las respuestas que las políticas no le han brindado.

En el marco del 146° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se llevó a cabo el pasado 2 de noviembre la Audiencia sobre la "Violencia, discriminación y limpieza social en contra de poblaciones callejeras en México" en la cual representantes de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Alianza Mexicana Poblaciones Callejeras y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informaron a este organismo internacional sobre las diversas formas de discriminación, violencia y "limpieza social "contra esta población.

"Usualmente no se sabe qué hacer con ellos y se les culpa por estar en la calle, lo que hace que los responsables de los servicios de salud y educación se desentiendan, como si fuera un sector que no amerita ser tratado", comentó la funcionaria Rosa Maria Ortiz.

En la Audiencia intervinieron el Presidente de la CDHDF, Luis González Placencia; el Director Ejecutivo de la REDIM, Juan Martín Pérez; y los representantes de Alianza Mexicana Poblaciones Callejeras, Luis Enrique Hernández y Alicia Vargas. Así como el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en representación del Estado Mexicano, Embajador Juan Manuel Gómez Robledo. Cabe destacar que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo Ebrard Casaubon, no atendió el llamado de este organismo internacional para informar sobre los señalamientos de violaciones a derechos de las poblaciones callejeras.

Se informó a la CIDH que el fenómeno social conocido como "niños de la calle" ha evolucionado ante la omisión del Estado Mexicano para convertirse en poblaciones callejeras. Alicia Vargas, de la Alianza Mexicana Poblaciones Callejeras, resaltó que desde los años 70 años sobreviven en las calle niñas, niños, jóvenes, ancianos, mujeres y familias a quienes se han violado un conjunto de derechos, viviendo un estado de exclusión social y quienes son invisibles ante las instituciones.

En su intervención el Presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, aseguró que la problemática que padecen las poblaciones callejeras en el Distrito Federal creció debido a que las autoridades no han sabido atenderla o encontrado alguna solución. "Las políticas empleadas buscan resolver caso por caso y las manifestaciones visibles del problema, pero no atienden las causas estructurales. Se caracterizan por ser reactivas y asistenciales", enfatizó.

Explicó que en los tres últimos años ha documentado un total de 65 quejas por violaciones a los derechos humanos de las poblaciones en situación de calle. La CDHDF, subrayó, ha emitido 6 Recomendaciones por hechos relacionados con abuso policial, discriminación, maltrato, faltas al deber de cuidado y trata de personas con fines laborales; los cuales han representado en cada caso violación a los derechos a la vida, a la integridad, a no ser discriminado, a la igualdad ante la ley, al debido proceso y derecho a la salud.

El Ombudsman capitalino destacó que las autoridades responsables de dichas Recomendaciones son la Procuraduría General de Justicia (PGJDF), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-DF), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESODF), Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Salud, la Jefatura de Gobierno y las Delegaciones Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

En tanto, Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de REDIM, lamentó que no asistieran las autoridades del Distrito Federal quienes habían sido convocadas a la audiencia en Washington. Informó a la Comisión de violaciones a los derechos humanos de estas poblaciones en nueve ciudades del país, donde se ha documentado, sin embargo destacó que pudiera estar sucediendo en más ciudades. Agregó que se han representado agresiones, hostigamientos y amenazas hacia las y los defensores de derechos humanos y que pese a las denuncias ante las autoridades no se realizan las investigaciones. Resaltó la violación al derecho a vivir en familia, donde niñas y niños son separados de sus madres callejeras sin recibir oportunidades para vivir juntos, llevándolos a instituciones donde son abandonados.

Pérez García invitó a la CIDH a realizar una visita a México para conocer la condición real en que viven las poblaciones callejeras y desarrollar un informe sobre el tema. Así mismo, exhortó al Estado Mexicano a que se realicen investigaciones sobre los casos de violación a derechos presentados en esta audiencia, a fin de localizar a las y los responsables, ya sean funcionarios o personal civil. Conminó a la delegación mexicana a construir una mesa de alto nivel, paritaria, que incluya a las organizaciones peticionarias, a la CDHDF y a funcionarios de las Secretarias de Estado, que permita atender los retrasos con esta población.

La Comisionada Rosa María Ortiz, relatora para la Niñez de la CIDH, resaltó el fracaso de las políticas sociales al señalar que esta población encuentra en las calles la respuesta que las políticas no les han brindado en otro lugar, particularmente en el caso de la situación de la infancia que vive en las poblaciones callejeras. Consideró como un fracaso del Estado el que no lograra prevenir que familias vivan en la miseria privándolos de condiciones de vida digna e impidiéndoles su desarrollo integral, negando a niñas y niños un proyecto de vida que debería ser cuidado y fomentado por los poderes públicos.

En su oportunidad Luis Enrique Hernández, de la Alianza Mexicana Población Callejera, brindó información sobre el programa federal "Limpiemos México" que forma parte de la estrategia nacional de seguridad que tiene como finalidad "limpiar las calles de la delincuencia" a través de acciones de los tres órdenes de Gobierno. Se tiene la idea de recuperar espacios públicos lo cual ha profundizado las expresiones de violencia, discriminación y limpieza social en diversas zonas del país al asociarlos en muchas ocasiones con el crimen organizado. Se han documentado casos de limpieza social en Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara, San Luis Potosí, Distrito Federal, Puebla, Acapulco, Xalapa y Chiapas.

Chiapas: un caso grave de violación de los derechos humanos de la infancia trabajadora

En un comunicado publicado el 7 de noviembre, varias organizaciones que trabajan en la promoción y defensa de los derechos de la infancia y adolescencia, como Melel Xojobal A.C. y Save The Children, manifestaron su preocupación por "diversas acciones de limpieza social que han afectado a centenares de niñas y niños trabajadores y sus familias" en San Cristóbal de Las Casas. Detallaron varias de ellas, mismas que fueron registradas del 1ero de octubre a la fecha. Afirmaron que aunque por lo menos dos mil 481 niños y niñas y adolescentes trabajan o acompañan a sus familias en su trabajo en esta ciudad, "no existen políticas públicas a nivel municipal dirigidas a la infancia, en particular a la infancia indígena".

Afirmaron que "desde hace más de cinco años, los Ayuntamientos en turno han implementado diversas acciones de limpieza social tales como prohibir la venta ambulante de artesanía; la reubicación de comerciantes de productos populares y de primera necesidad a la periferia de la ciudad; la creación de una policía turística que `invita' a los vendedores ambulantes a retirarse para no molestar a los visitantes". Manifestaron que "lejos de abrir cauces de entendimiento entre toda la ciudadanía, lo anterior genera un clima de discriminación social y criminalización de la pobreza de quienes trabajan en las calles y conllevan a la exclusión, marginación y violación de sus derechos humanos". Agregaron que "la pretensión de mantener una ciudad segura y turísticamente atractiva y ordenada, no debe tener ningún costo social para la ciudadanía y menos aún para la infancia y adolescencia que trabaja en los espacios públicos".

Importante compromiso de la Relatora CIDH

El Observatorio SELVAS logra el compromiso de la Relatora CIDH con relación a los casos de violación de los derechos humanos de la infancia trabajadora en Chiapas.

Rosa María Ortiz, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los Derechos de la Niñez, ha declarado en exclusiva para el Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS: "Apreciado Cristiano Morsolin, gracias por este documento. Voy a debatir en la Relatoría de Niñez y Adolescencia para ver si podemos encaminar algo sobre esta situación".

Rosa María Ortiz, fue anteriormente Vicepresidente del Comité de Naciones Unidas por los derechos del niño de Ginebra y se ha destacado por su importante compromiso en favor de la infancia y adolescencia y por su importante dialogo con las organizaciones sociales.

Jennifer Haza Gutiérrez, Directora General Melel Xojobal A.C. (www.melelxojobal.org.mx) ha evidenciado al Observatorio SELVAS que "como lo relatamos en el comunicado que sacamos junto con varias organizaciones, la limpieza social en San Cristóbal ha sido sistemática desde hace más de 5 años, a veces con más intensidad, a veces con menos. A la audiencia con la CIDH asistieron colegas de la REDIM y de la Alianza Mexicana de poblaciones callejeras, ambas redes a las que pertenecemos, y ahí se denunció lo que está pasando por acá y en otras ciudades del país".

Estudio sobre niños trabajadores de San Cristóbal

En total se contaron 2 mil 481 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 1,486 son trabajadores y 995 acompañan a su familia o hermanos mientras estos trabajan en diferentes zonas de la ciudad

En una investigación realizada sobre niños trabajadores de San Cristóbal de Las Casas dirigido por la organización Melel Xojobal, muestran y comparten los resultados del Conteo realizado los días 20 y 21 de enero del 2010 en las zonas Centro, Norte y Sur de la ciudad, informó Jennifer Haza Gutiérrez, coordinadora de la organización.

Mencionó que en este conteo no se considera a las niñas y niños que realizan trabajos domésticos como aseo y cuidado de niños fuera del entorno familiar, tampoco a los niños y adolescentes que descargan camiones en la madrugada en centros de abasto, por lo que el número total de trabajadoras y trabajadores en la ciudad es obviamente más alto.

Los resultados generales que arrojó la investigación son los siguientes; en total se contaron 2 mil 481 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 1,486 son trabajadores y 995 acompañan a su familia o hermanos mientras estos trabajan en diferentes zonas de la ciudad. Del total de la población contada el 5 por ciento de infantes son hombres y el 43 por ciento mujeres. El 6 por ciento restante corresponde a bebés que generalmente las madres traen cargando en la espalda por lo que no se puede determinar su sexo y la mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes trabajadores se concentra en la Zona Norte de la ciudad, le siguen las zonas Centro y Sur. En cuanto a procedencia étnica el 86% de las niñas, niños y adolescentes son indígenas, mientras que 14% son mestizos. En todas las zonas existe una mayor presencia de niñas y niños indígenas.

La mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes trabajadores se ubica entre los 10 y 17 años de edad, mientras que los acompañantes se encuentran en el rango de 1 a 6 años. En rango de 7 a 9 años se encuentra una proporción equilibrada entre acompañantes y trabajadores, ya que es la edad en que comúnmente las niñas y niños comienzan a realizar actividades laborales y pasan de acompañantes a trabajadores. Jennifer Haza Gutiérrez, coordinadora de la organización, puntualizó que en las últimas tres décadas la población infantil que se dedica a alguna actividad laboral y se ha incrementado en prácticamente todas las ciudades de América Latina "como consecuencia del adelgazamiento del gasto social de los Estados latinoamericanos, lo que obliga a que más integrantes de las familias contribuyan económicamente para satisfacer las necesidades básicas".

Esto ha generado complejos escenarios sociales para que las niñas y niños, que por diversas causas y motivaciones dedican parte de su tiempo a trabajar, puedan ejercer sus derechos sociales, civiles, económicos, culturales y de participación establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, concluyó la Directora Jennifer.