Considera Obama amplias medidas en torno a migración
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La Casa Blanca planea una serie de acciones en torno a la crisis migratoria que afecta a más de 11 millones de inmigrantes
Aun cuando se vive una crisis migratoria en la frontera, las autoridades en la Casa Blanca planean actuar antes de las elecciones legislativas de noviembre para otorgar permisos de trabajo a millones de inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos ilegalmente, lo que les permitiría permanecer en el país sin la amenaza de ser deportados, de acuerdo con intercesores y legisladores que se mantienen en contacto con el gobierno.
La medida podría generar una enorme agitación política en un año electoral y hacer que algunos republicanos conservadores presionen para que se enjuicie políticamente al presidente Barack Obama, una posibilidad que los funcionarios de la Casa Blanca han discutido abiertamente.
El presidente anunció el mes pasado que las negociaciones legislativas para reformar el disfuncional sistema de inmigración del país habían llegado a un punto muerto, y que él procedería para arreglar el sistema donde su autoridad lo permitiera.
Desde entonces, pidió al Congreso 3 mil 700 millones de dólares para lidiar con la crisis de los niños migrantes, una petición que no ha sido atendida, aun cuando la Cámara de Representantes y el Senado se debaten para ver si pueden votar esta semana alguna solución a la crisis antes del receso legislativo de agosto.
Activistas y legisladores dijeron que el gobierno sopesa un amplio rango de opciones, incluidos cambios en el sistema de deportación y formas de otorgarle a ciertas poblaciones específicas del país una exención para que no sean deportadas, probablemente mediante la expansión de una directriz emitida por Obama hace dos años que otorgó permisos de trabajo a ciertos inmigrantes que entraron sin permiso al país cuando eran niños. Ese programa, conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), cubre a unos 500 mil inmigrantes hasta ahora.
Los activistas buscan que la suspensión de deportaciones sea válida para cualquiera que cubra los requisitos de naturalización estipulados en una iniciativa de reforma migratoria aprobada por el Senado el año pasado, lo que equivaldría a unas nueve millones de personas.
Pero Obama les dijo en una reunión del mes pasado que "mesuraran" sus expectativas.
Eso llevó a los activistas a centrarse en otras poblaciones en las que Obama podría enfocarse, como los padres o tutores de niños que son ciudadanos estadunidenses âcifra que podría rondar unas 3.8 millones de personas, de acuerdo con un análisis del Proyecto de Tendencias Hispanas del Centro de Investigación Pew, un organismo no partidista-, o bien en los progenitores o tutores de los inmigrantes acogidos al programa DACA.
Otro enfoque sería centrarse en las quizá cientos de miles de personas que podrían solicitar su tarjeta de residente si la ley actual no exigiera que dejaran el país 10 años antes de solicitarla.
Al mismo tiempo, la Cámara de Comercio de Estados Unidos dice que trabaja activamente para determinar si hay medidas que Obama podría tomar mediante decretos que pudieran ayudar a la comunidad empresarial.
Para el mandatario, las repercusiones políticas de un decreto osado sobre inmigración podrían ser impredecibles, y extremas. Los republicanos advirtieron que podría generar una crisis constitucional.
Sería una afrenta para las personas de este país que nunca olvidarán, sería una mancha imborrable en su legado", dijo el republicano Jeff Sessions, senador por Alabama, en la Cámara Alta.
Algunos demócratas debaten cuál es el mejor momento para que Obama emita decretos, y se preguntan si hacerlo antes de las elecciones de noviembre podría afectar a los senadores demócratas que enfrentan contiendas reñidas al tiempo que fomenta la participación de votantes republicanos.
Pero los activistas liberales señalaron que la medida que Obama tomó para suspender las deportaciones hace dos años le dio impulso para la reelección, y podría ayudar este año con los votantes latinos que están desanimados por el fracaso de la reforma a las leyes migratorias y por el alto número de deportaciones durante el gobierno de Obama.