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Publicado en la edición impresa
Con permiso para espiar
- Fuente: Reporte Índigo
- 10 enero 2009
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Una nueva ley aprobada por el Senado permitirá a la PGR tener acceso a todas las llamadas, mensajes y datos transmitidos por telefonía fija y móvil en México.
El 9 de diciembre, en su penúltima sesión, en fast track y sin leer ante el pleno lo que estaban aprobando, el Senado dio el sí a las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Las modificaciones aprobadas por 88 legisladores han pasado inadvertidas hasta hoy, pero la nueva legislación bien podría llamarse Ley Gestapo.
De acuerdo al dictamen, los concesionarios de telefonía fija, celular y radio móvil tendrán literalmente que espiar a los millones de usuarios del país, lo cual viola la Constitución. Sean criminales o ciudadanos inocentes. Sean servidores públicos, políticos, jueces, magistrados, diplomáticos, personas físicas o morales… todos serán monitoreados.
Según las reformas hechas al Artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, los concesionarios deberán crear un registro y control de todas las comunicaciones que se realicen “desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad”. Esto quiere decir que la ley hace referencia a líneas contratadas con plan tarifario o prepago, ya sean teléfonos fijos, móviles o de radiofrecuencia.
La nueva ley ordena que todas las llamadas, mensajes, conferencias y datos de todos los usuarios del territorio nacional sean grabados por los concesionarios y almacenados durante 12 meses a partir de la fecha en que se generó la comunicación.
En la práctica, esto implica una intromisión en la vida privada del 100 por ciento de los usuarios de las telecomunicaciones en México.
Las intervenciones se podrán dar sin orden judicial de por medio, lo cual contradice el Artículo 16 de la Constitución, que señala que para hacer una intervención telefónica, se requiere la orden de un juez.
De acuerdo a las reformas aprobadas en diciembre, previa asesoría de la Procuraduría General de la República, estas intervenciones tendrán que hacerse automáticamente.
La información podrá ser entregada a las autoridades previa solicitud del procurador general de la república o de los procuradores de justicia estatales.
Las autoridades no tendrán que demostrar a los concesionarios que existe una razón jurídica para solicitar el contenido de las transmisiones. Decir que están investigando un delito relacionado con secuestro, extorsión o crimen organizado será suficiente. Los datos deberán ser entregados por los concesionarios en un plazo máximo de 72 horas.
“El Reglamento establecerá los procedimientos, mecanismos y medidas de seguridad que los concesionarios deberán adoptar para identificar al personal facultado para acceder a la información”, señala el dictamen aprobado por los senadores.
Se señala que “los concesionarios tomarán las medidas técnicas necesarias respecto de los datos objeto de conservación, que garanticen su conservación, cuidado, protección, no manipulación o acceso ilícito, destrucción, alteración o cancelación, así como el personal autorizado para su manejo y control”.
Sin embargo, en los hechos, ¿quién podría controlar la salvaguarda y confidencialidad de millones de llamadas telefónicas y transmisión de datos que se hacen todos los días en territorio nacional? No sólo se propiciará un mercado negro de información personal y empresarial, sino que se ejercerá un control político por parte del gobierno federal y los estatales. Todo al amparo de la ley.
Los concesionarios también estarán obligados a contar con los datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil: “número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago”.
Tendrán que tener la fecha, hora y duración de cada comunica ción, el servicio de mensajería o multimedia utilizado y el posicionamiento
geográfico de las líneas telefónicas.
El origen
La Ley Gestapo nació en el Senado de la República.
Después de hacer revisiones y adecuaciones, la Cámara de Diputados la devolvió al Senado el 4 de diciembre pasado.
El dictamen quedó en manos de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos. De ellas dependía su aprobación, rechazo o modificaciones.
Antes de su aprobación, los senadores se reunieron con funcionarios de la PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, quienes no sólo dieron su visto bueno, sino que también hicieron sus propias recomendaciones.
En su revisión, la Cámara de Diputados detectó los riesgos derivados de que el contenido de las transmisiones de voz y datos pudiera ser entregado sin la orden previa de un juez, por eso puso un candado al respecto.
Pero las cosas cambiaron en el Senado.
“La Procuraduría General de la República y quienes están dedicados a combatir este delito consideraban que era poco conveniente porque es muy difícil y burocrático a veces conseguir la orden de un juez, y pedían que se hiciera mediante la solicitud del Ministerio Público. Pero en reuniones que se hicieron de acercamiento con esta Cámara, se llegó a la conclusión de que no debe de ser, para no dejarlo muy suelto, que se tenga que entregar esa información para protegerla con la solicitud del Ministerio Público, sino con la solicitud del Procurador General de la República y los procuradores de los estados”, afirmó en la sesión del 9 de diciembre pasado el senador del PRI Mario López Valdez.
López Valdez, originario de Sinaloa, fue el único orador en la discusión y aprobación de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones.
El pleno dispensó la primera y segunda lectura, lo que significa que el contenido del dictamen nunca se leyó ante todos los legisladores.
Las reformas fueron enviadas al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Pero la nueva ley no ha sido promulgada por el presidente Felipe Calderón.
De acuerdo a información obtenida por Reporte Índigo, hubo voces de protesta y alerta por el contenido de la ley. Algunos advirtieron que no sólo atenta contra las garantías individuales, sino también contra la seguridad nacional.
Si bien la nueva legislación puede servir como un instrumento de control político del Estado, también puede ser aprovechada por el crimen organizado.
Ni el presidente de la república ni los secretarios de Estado están exentos de que sus conversaciones sean grabadas. Y si la delincuencia organizada ha logrado cooptar a funcionarios de primer nivel de seguridad pública y justicia, ¿qué tan difícil sería comprar a los particulares que manejen esa información estratégica? El 9 de diciembre, en su penúltima sesión, en fast track ysin leer ante el pleno lo que estaban aprobando, el Senado dio el sí a lasreformas aLas modificaciones aprobadas por 88 legisladores han pasadoinadvertidas hasta hoy, pero la nueva legislación bien podría llamarse LeyGestapo.
De acuerdo al dictamen, los concesionarios de telefoníafija, celular y radio móvil tendrán literalmente que espiar a los millones deusuarios del país, lo cual viola
Según las reformas hechas al Artículo 44 de
La nueva ley ordena que todas las llamadas, mensajes,conferencias y datos de todos los usuarios del territorio nacional seangrabados por los concesionarios y almacenados durante 12 meses a partir de lafecha en que se generó la comunicación.
En la práctica, esto implica una intromisión en la vidaprivada del 100 por ciento de los usuarios de las telecomunicaciones en México.
Las intervenciones se podrán dar sin orden judicial de pormedio, lo cual contradice el Artículo 16 de
De acuerdo a las reformas aprobadas en diciembre, previaasesoría de
La información podrá ser entregada a las autoridades previasolicitud del procurador general de la república o de los procuradores dejusticia estatales.
Las autoridades no tendrán que demostrar a losconcesionarios que existe una razón jurídica para solicitar el contenido de lastransmisiones. Decir que están investigando un delito relacionado consecuestro, extorsión o crimen organizado será suficiente.
Los datos deberán ser entregados por los concesionarios enun plazo máximo de 72 horas.
“El Reglamento establecerá los procedimientos, mecanismos ymedidas de seguridad que los concesionarios deberán adoptar para identificar alpersonal facultado para acceder a la información”, señala el dictamen aprobadopor los senadores.
Se señala que “los concesionarios tomarán las medidastécnicas necesarias respecto de los datos objeto de conservación, quegaranticen su conservación, cuidado, protección, no manipulación o accesoilícito, destrucción, alteración o cancelación, así como el personal autorizadopara su manejo y control”.
Sin embargo, en los hechos, ¿quién podría controlar lasalvaguarda y confidencialidad de millones de llamadas telefónicas ytransmisión de datos que se hacen todos los días en territorio nacional? No sólose propiciará un mercado negro de información personal y empresarial, sino quese ejercerá un control político por parte del gobierno federal y los estatales.Todo al amparo de la ley.
Los concesionarios también estarán obligados a contar conlos datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de lascomunicaciones de telefonía móvil: “número de destino, modalidad de líneas concontrato o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago”.
Tendrán que tener la fecha, hora y duración de cada comunicación, el servicio de mensajería o multimedia utilizado y el posicionamiento
geográfico de las líneas telefónicas.
El origen
Después de hacer revisiones y adecuaciones,
El dictamen quedó en manos de las Comisiones Unidas deComunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos. De ellas dependía suaprobación, rechazo o modificaciones.
Antes de su aprobación, los senadores se reunieron confuncionarios de
En su revisión,
Pero las cosas cambiaron en el Senado.
“
López Valdez, originario de Sinaloa, fue el único orador enla discusión y aprobación de las reformas a
El pleno dispensó la primera y segunda lectura, lo quesignifica que el contenido del dictamen nunca se leyó ante todos loslegisladores.
Las reformas fueron enviadas al Ejecutivo Federal para supublicación en el Diario Oficial de
De acuerdo a información obtenida por Reporte Índigo, hubovoces de protesta y alerta por el contenido de la ley. Algunos advirtieron queno sólo atenta contra las garantías individuales, sino también contra laseguridad nacional.
Si bien la nueva legislación puede servir como uninstrumento de control político del Estado, también puede ser aprovechada porel crimen organizado.
Ni el presidente de la república ni los secretarios de Estado estánexentos de que sus conversaciones sean grabadas. Y si la delincuenciaorganizada ha logrado cooptar a funcionarios de primer nivel de seguridadpública y justicia, ¿qué tan difícil sería comprar a los particulares quemanejen esa información estratégica?
- Fuente: Reporte Índigo
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