Comisionado de la ONU llama al Estado mexicano a terminar con feminicidios

México, DF.- Ante el incremento de feminicidios y desapariciones forzadas de mujeres, agresiones a defensores a los derechos humanos y periodistas, así como la impunidad en las formas de violencia hacia la mujer, el representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández, llamó a las autoridades mexicanas a responder como Estado a los lineamientos del derecho internacional a los que se ha adherido.

El funcionario asistió a la presentación del balance de las observaciones y recomendaciones que el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) hizo al Estado mexicano luego de la presentación de sus informes VII y VIII en la 52 sesión del comité en la ONU en julio pasado.

Tras subrayar que el proceso electoral mexicano aún no concluye, Hernández destacó que el nuevo mandatario en su Plan Nacional de Desarrollo debe dar respuesta a las demandas de las mujeres, como crear leyes efectivas y dar seguimiento a las recomendaciones de la ONU.

Indicó que Calderón Hinojosa debe responsabilizarse sobre las omisiones hechas en materia de Derecho Internacional y que invisibilizaron los crímenes por razones de género y fomentaron el no acceso de las víctimas a la justicia.

En conferencia de prensa, el comisionado junto con María de la Luz Estrada, representante de Católicas por el Derecho a Decidir y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Ibeth Huerta, de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); y Teresa Ulloa, de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe CATWLAC.

Las activistas dieron a conocer parte de los 18 informes sombra que presentaron en la 52 sesión del Comité de la CEDAW en Nueva York, para exponer la situación no oficial de los derechos humanos de las mujeres en México.

Denunciaron que en este encuentro las respuestas de los representantes del Estado mexicano fueron "ambiguas" y "evasivas" sobre los avances jurídicos en los casos de 12 periodistas muertas asesinadas entre 2005-2011 y los 12 casos de defensoras de derechos humanos, destacó Estrada.

La activista dio a conocer la gravedad de la violencia de género en México y dijo que tan sólo en lo que va del año en nueve estados de la República, entre ellos Veracruz y Estado de México, se han reportado un total de 3 mil 119 mujeres desaparecidas y que en el caso de los crímenes motivados por razones de género no se tenía una cifra oficial debido a que las autoridades "dan información falsa".

"El problema es grave, no se investiga a pesar que en la mayoría de los casos son evidentes las huellas de la discriminación" y dio el ejemplo del Estado de México sobre un estudio que la organización a las que representa realizó en los últimos cinco años y que reportó 922 asesinatos a mujeres y 500 más seguían en proceso de investigación donde aún no había un culpable".

Por su parte Ibeth Huerta, dijo que otra de las recomendaciones fue la necesidad de reformar o derogar disposiciones discriminatorias contra las mujeres, tales como el párrafo 2 del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). Se menciona también la importancia de las sanciones para quienes no cumplan con las acciones afirmativas y la exigencia de fortalecer la participación política de las mujeres indígenas, entre otros aspectos.

Otro de los puntos fue la preocupación de la tasa actual de mortalidad materna, la falta de acceso a la justicia de las mujeres indígenas y a la propiedad de tierras, además del rechazo a la militarización en las zonas indígenas que afecta tanto a mujeres y hombres.

Además, recomendaron al Estado armonizar las leyes federales y estatales relacionadas con el aborto para eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que buscan un aborto legal.

En la conferencia también participaron Martha Sánchez, de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México; Yunuehen Rangel, de CIMAC; y Agnieszka Raczynska, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.