Urge acuerdo nacional por la seguridad
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Jesús Zambrano Grijalva
El eslabonamiento de diversos hechos violentos en últimas semanas han puesto al descubierto la fragilidad de las instituciones del Estado Mexicano en materia de seguridad, así como la delgada línea entre estabilidad y caos, y entre la escasa credibilidad en la conducción del país y la crisis generadora de desconfianza en las instituciones.
Desde finales de septiembre los medios se han centrado en los abominables hechos de Iguala, Guerrero, así como en la solución al problema: la permanencia o no de Aguirre en la gubernatura. Motivados por inconfesables intereses, quienes plantean eso dejan de lado que el problema no es sólo Iguala, ni sólo Guerrero, sino que es muchos más grave y más amplio; el problema es el país entero, que la esencia es la existencia de una crisis de seguridad del Estado que se trató de ocultar mediante una estrategia de no informar sobre la violencia, en lugar de combatirla.
Curiosamente desde el plano internacional se identifica mejor el fenómeno Iguala al equipararlo al de Tlatlaya. Y la condena en ese ámbito es al Estado mexicano en su conjunto, no a un gobernador en particular.
Lejos estoy de querer ocultar la responsabilidad que tienen los gobiernos estatales y municipales. Menos, aún, pretendo desconocer la responsabilidad del PRD. Sería tan equivocado como la actitud de echar la culpa solo a los gobiernos estatales para lavarle la cara al gobierno federal. ¿Acaso ya se olvidó hasta donde penetró el cáncer de la delincuencia organizada en las instituciones de todo nivel?
Además, sobre el caso Iguala aún hay muchas preguntas. Hasta hoy los órganos de inteligencia del Estado no han dado respuesta. ¿Se trata del crimen organizado? ¿Guerrilla? ¿Narcoguerrilla? ¿Negligencia gubernamental? ¿Complicidad? ¿De quién es? Lo cierto es que mientras no aparezcan los jóvenes, el clamor social seguirá creciendo; la condena internacional a México se fortalecerá y la erosión de las instituciones se profundizará.
Aguirre puede o no salir como una expresión soberana de la ley, no como sentencia de un tribunal de alzada, encabezado por López Dóriga.
Pero esa no sería la solución a este problema nacional, ya que si así se asumiera, correríamos el riesgo de desentendernos de la dimensión de esta enfermedad que ha contaminado al país al grado de metástasis.
La solución al problema no es que se vayan todos, sino que todos: gobierno federal, estatales y municipales; ministros, magistrados y jueces; legisladores; partidos, sociedad y medios, nos involucremos en un gran acuerdo nacional por la seguridad, en una gran reforma en este terreno. Todos actuando desde el ámbito de su responsabilidad. Con compromisos claros y evaluables. Sólo así salvaremos entre todos al país y nos salvaremos todos.