Tormenta sobre Grupo México
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El Grupo México enfrenta la peor crisis de su historia ya que su imagen ha sido severamente golpeada. Mientras que la opinión pública está en su contra, las fracciones políticas se han unido en una sola voz para pedir que se cancele la concesión con que opera.
La noche del seis de noviembre de 1994 fue de fiesta para un grupo de prominentes empresarios. La sala de la casa de Rómulo O’Farrill olía a triunfo. En el centro de la escena Jorge Larrea Ortega recibía efusivos abrazos. El empresario emanado del alemanismo se colocó en ruta para convertirse en el rey del cobre
La histórica mina de Cananea, semilla de la revolución a la ira de la intervención de alguaciles estadounidenses, “rangers”, para quebrar una huelga en 1906, era suya en la magia de las privatizaciones salinistas. Y venia, sin mayor obstáculo, Mexicana de Cobre.
La operación se pactó sobre la base de un borrón y cuenta nueva. El gobierno canceló el contrato colectivo con el sindicato de trabajadores mineros encabezado por Napoleón Gómez Sada, a cambio de una participación de cinco por ciento en el capital para los afectados que tardaría ocho años en colocarse en un fideicomiso, sólo que en el equivalente de efectivo.
El imperio, con metrópoli en el Grupo México se extendería años después a Chile y Perú con ramificaciones en Estados Unidos, convirtiendo al heredero, Germán Larrea Mota Velasco, en el segundo rico más rico del país. 24 mil millones de dólares al calce.
El caso es que 20 años después el emporio enfrenta su peor crisis, tras acusársele a su empresa estelar, la Minera de Cananea, hoy conocida como Buenavista de Cobre, de ecocidio.
El torrente que derramó el vaso fue el derrame de 40 metros cúbicos de tóxicos, especialmente sulfato de cobre, al río Bacanuchi, afluente del Sonora. El veneno se propagó en una ruta de 60 kilómetros.
Mientras la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, tras imponerle dos multas por un total de 390 millones de pesos prepara una denuncia penal contra el Grupo México por negligencia criminal, la Comisión Permanente del Congreso está exigiendo cancelar la concesión de la mina.
La Comisión Nacional del Agua le impuso sanción pecunaria simbólica de 1.2 millones de pesos.
De acuerdo con el artículo 172 de la Ley de Equilibrio Ecológico, cuando una empresa causa un daño grave a una comunidad, se podrá suspender o revocar la concesión con que opera.
El problema es que al fragor del desastre ambiental, que el grupo califica como accidente natural, es decir la llegada de lluvias atípicas que provocaron la fuga, están saliendo al tendedero pendientes que la empresa creía superados como el de la explosión en la mina de carbón de Pasta de Conchos, Coahuila, donde murieron 63 mineros.
En la lista aparecen también una serie de denuncias sobre derrames previos al río Bacanuchi en el proceso de producción del cobre.
Hace unos meses murieron en una mina ubicada en Charcas, San Luis Potosí, cinco trabajadores, en cuyo escenario la Secretaría del Trabajo le impuso al Grupo México una multa de 13 millones de pesos.
Protegida por los gobiernos panistas, quienes impidieron exhumar 61 cadáveres de las ruinas de la mina de Pasta de Conchos; quienes solaparon el incumplimiento de la empresa de cara a la indemnización y apoyos posteriores a los deudos de los mineros; quienes se hicieron de la vista gorda justo frente a la falta de inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social de algunos de los muertos, Larrea Ortega ha navegado en la impunidad.
En la ruta, se intentó acallar el escándalo con un “donativo” de 3.5 millones de pesos para prorratearse entre los siete municipios afectados, lo que representaba apenas un paliativo frente a la magnitud del desastre.
Las reses sin acceso al agua son miles tras haber abrevado decenas de ellas en la corriente contaminada. Y existen personas infectadas.
La influencia de Larrea, propietario de tres cadenas de cines, de dos de las tres troncales en que se derivó la privatización de los Ferrocarriles Nacionales de México, no logró evitar que la Profepa desmintiera la llegada de lluvias atípicas en la zona desértica.
Golpeada severamente su imagen, volcada la opinión pública en su contra, unificadas las fracciones políticas en su señalamiento, caída la cotización de sus acciones tradicionalmente al alza, el Grupo México enfrenta la peor crisis de su historia. Tormenta sobre el rey del cobre.
Balance general
El gozo se fue al pozo frente a los augurios de un mejoramiento en las expectativas económicas del país tras un arranque flojo del año ante la cautela de tirios y troyanos de cara a la dureza de la reforma fiscal.
Al segundo trimestre el crecimiento fue de 1.6 por ciento, con lo que parece misión imposible sostener el vaticinio de la Secretaria de Hacienda de cerrar el año con 2.7, tras haberse fijado la meta en 3.5. A pesar de que la dependencia lo refrendó ayer. Está, pues, otro ajuste en puerta. Por lo pronto, mientras el Banco de México bajó su expectativa, a entre dos y 2.7 por ciento, el promedio de los analistas plantea 2.1.
La expectativa de ellos se refería a un crecimiento entre marzo y junio de 1.83. La apuesta de la Secretaría de Hacienda se centra en dos ejes: el ejercicio del presupuesto para infraestructura y la recuperación incipiente de la economía de Estados Unidos. Por lo pronto, el Presidente Enrique Peña Nieto no enfrentará el mejor ambiente de cara a su segundo informe.
Capufe de reversa
Alertada en este espacio la posibilidad de que Caminos y Puentes Federales de Ingresos se metiera en otro escándalo al plantear la posibilidad de licitar dos contratos por la vía de invitación restringida a cuatro empresas, que en realidad eran dos, la paraestatal metió la reversa. El concurso se declaró desierto.
De acuerdo con la ley, para licitar bajo la vía de invitación se reclama la participación del al menos tres postores. Más aún, se vale la alternativa cuando el carácter especializado de la materia de contrato restringe al mínimo las posibilidades de las empresas.
El hecho es que se marginó a firmas con experiencia probada, como Trinity Industries de Luis Pardo, quienes habían amenazado con ira los tribunales.
El contrato de la discordia era para suministrar y colocar defensas metálicas en tres carreteras y terminales de amortiguamiento de impacto en tramos aislados en la zona IV centro sur y V centro oriente y gerencia de Chiapas. Su monto era superior a 200 millones de pesos.
El acta que declara desierta la convocatoria reconoce que había socios comunes o emparentados “cuando menos”.
Más aún, se habla de que la propuesta de la empresa Servycs fue rechazada por razones técnicas.
Capufe, pues, no quiso más escándalos.
No, pos sí
De acuerdo al embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, el hecho de que muchos trabajadores migrantes nacionales estén regresando, “es el resultado de las buenas políticas económicas que se han generado en la administración del presidente Enrique Peña Nieto”.
No vaya usted a creer que se trata de deportaciones. El diplomático presentó un documento denominado “El fin de una era: Migración en retorno”, según el cual el 51 por ciento de quienes metieron la reversa señaló que su situación económica fue mejor a su regreso. Del sueño estadounidense al sueño mexicano.
Cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se dijo que una de las expectativas era que con la multiplicación de empleos en el país se frenaría el flujo migratorio.
albertobarrancochavarria0@gmail.com