¿Quién paga los daños?

En su mensaje radiofónico del sábado antepasado el presidente Barack Obama alertó sobre la principal amenaza que enfrenta la humanidad: el cambio climático. La mayor parte de la comunidad científica coincide en que la temperatura promedio del planeta podría elevarse 4 grados Celsius debido a las emisiones de carbono (Co2). Evitar esa catástrofe de consecuencias imprevisibles requeriría un acuerdo de largo plazo para reducir emisiones y sustituir combustibles fósiles por energías renovables y limpias. Y este acuerdo solo es posible si los mayores productores de emisiones aceptan una política común. 

Las emisiones de Co2 no son la única amenaza al medio ambiente. Todas las actividades humanas dejan huella ambiental y algunas de ellas producen grave contaminación del aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna, modificando ecosistemas e imponiendo a la naturaleza una presión que afecta al planeta y a la vida humana, a veces irremediablemente. La basura industrial y tóxica, comercial y doméstica desafía en muchos frentes la capacidad de la sociedad para deshacerse de ella reparando el daño ambiental. En la ciudad de México se calcula que el reciclaje de basura alcanza 11 por ciento del total de desperdicios. Alemania, Austria y Bélgica reciclan 35 por ciento y en la Unión Europea son los que más lo hacen. La UE tiene como meta reciclar 50 por ciento de la basura en todos los países en 2020, pero al ritmo actual es dudoso que lo consiga. Estados Unidos tiene un índice de cerca de 24 por ciento, aunque ciudades como San Francisco y Oakland, implementan políticas muy agresivas. En ciertos casos la diferencia la hace la tasa de reciclaje de materiales peligrosos, como los acumuladores automotrices y otros, que se procesan en mayor medida que otros tipos de desechos. 

Es evidente que para lidiar con este problema y a la postre someterlo a control se requiere de recursos. Y los recursos sólo se pueden obtener por dos vías: mediante impuestos o a través de inversiones en el negocio del reciclaje. Las segundas se dan si la actividad es rentable y en muchas áreas esto no existe, de ahí que el problema sea colectivo y tenga que enfrentarse con recursos públicos, es decir, impuestos o sus equivalentes. 

México tiene una de las tasas más bajas de la OCDE en impuestos ambientales. De hecho es una tasa negativa en los últimos tres años (-0.8 por ciento), mientras que el promedio de sus miembros está arriba de 2 por ciento del PIB, y países como Dinamarca más que duplican esta cifra. El daño ambiental anual en México se calcula en un 6.3 por ciento del PIB, y el gasto en protección ambiental es de sólo 1% desde 2010. Ello arroja un déficit en protección de al menos 5 puntos del producto. Si proteger el medio ambiente es un bien público que deberíamos procurar en la medida suficiente para reparar y prevenir el daño, lo cierto es que no lo estamos pagando, sino que estamos transfiriendo el costo a las generaciones futuras sin hacernos responsables de encontrar soluciones en la medida necesaria. Las pasadas generaciones de la era industrial no tuvieron una visión del problema ni se hicieron cargo de él. En tal sentido los que hoy estamos en el mundo cargamos con las consecuencias. Pero si no actuamos ahora estás serán peores en lo sucesivo. 

La única manera de resolver problemas públicos es haciéndoles frente con soluciones institucionales financiadas por los responsables y con un sentido equitativo. La forma en que hoy está organizada la economía no es sustentable y puede ser insostenible frente al calentamiento global. Remediar el daño y prevenirlo en el futuro implica descontar su costo de los ingresos sobre la renta en vez de transferirlos a la cuenta del futuro, como lo hacemos ahora. Lamentablemente, los poderosos intereses que se oponen tendrían que ser equilibrados. Sólo un esfuerzo político mayor podría hacerlo, pero brilla por su ausencia. 

Twitter: @pacovaldesu