Publicidad oficial y transparencia
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Se prefirió una reforma que da seis meses más para, apenas, comenzar a informar lo que, de hecho, siempre fue obligación.
Que los gobiernos quieran decir cuánto le dan a cada medio de comunicación no es algo que se encuentre todos los días.
Por eso, en su momento, se celebró que uno de los 95 acuerdos del tan llevado y traído Pacto Por México se centrara en la transparencia de la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación a través de la integración de una instancia ciudadana y autónoma.
Hecho a un lado aquello de la visión centralista que ve al País como niveles, la parte medular está en que esto debió comenzar a funcionar durante el primer semestre del 2014. Y pues no hay instancia ciudadana integrada y pocos (o nadie) se rasga las vestiduras. El silencio incómodo.
De los pocos trabajos serios relacionados con el asunto, cuéntese a los de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación. El pasado 27 de agosto presentaron un amparo colectivo en contra de la promoción personalizada del Presidente y desde entonces, también, buscan a Gobernadores y otros funcionarios para que firmen una Carta Compromiso de que no incurrirán en esa práctica.
Pero el asunto es este: transparencia y publicidad oficial siguen siendo como agua y aceite.
En Coahuila, la nueva Ley de transparencia incluye (como parte de esas innovaciones de las que hemos dado cuenta en las tres entregas anteriores) la transparencia en la publicidad oficial. Léase el artículo 22, sus nueve fracciones y cada cosa (hasta el costo por centímetro cuadrado en publicidad impresa) que se supone ahora publicarán por Internet.
¿Será que el (actual) gobierno de Coahuila es de esos casos extraños donde la transparencia y la publicidad oficial sí podrán llevarse bien? ¿Será que irá a contracorriente poniéndole el ejemplo, incluso, a los protagonistas del Pacto por México?
En otras ocasiones lo he dicho: en transparencia, el problema no está en la Ley. Y, en este caso, hasta en otros lados podemos confirmar la hipótesis.
En Puebla, la Ley Estatal de Transparencia obliga publicar (artículo 11, fracción VII) el presupuesto asignado a comunicación social. Ni al caso entrar a discutir si el recurso destinado a comunicación social es o no equivalente a publicidad oficial. De cualquier manera, en el caso de Puebla, resulta una pesadilla buscar la información y, al final, terminas donde comenzaste. La Ley existe, pero como si no.
El problema no está en la Ley, sino en la voluntad de sus implementadores.
Regresando a Coahuila. La Ley que ya quedó abrogada, la de septiembre de 2008, contenía varias disposiciones que, de respetarse, hubieran hecho innecesaria una reforma que incluyera expresamente la palabra publicidad oficial: debían transparentarse los presupuestosde los últimos tres ejercicios fiscales, los avances de la gestión financiera, los contratos celebrados (señalando fecha, nombre del contratado, monto de la contratación).
¿Qué sucedió? Pues ningún contrato sobre publicidad se publicó, los datos financieros siempre fueron inentendibles, el órgano garante validó todo esto y, cuando hubo solicitudes en lo particular, jamás fueron contestadas. Faltó voluntad, no una Ley. Incluso, de haber querido, pudo haberse implementado una especie de transparencia focalizada.
Se prefirió una reforma que les da seis meses más para, apenas, comenzar a informar lo que, de hecho, siempre fue obligación.
@victorspena
www.victorspena.net