Post-Ayotzinapa: Los retos
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¿Cómo transformar la indignación social hecha protesta, en organización política transformada en propuesta? Me preguntaba al mirar a más de 200 mil mexicanos tomar las calles de la Ciudad de México por los 43 normalistas de Ayotzinapa, el pasado 20 de noviembre.
El primer reto consiste en amalgamar la diversidad de grupos y posiciones políticas que coexisten a su interior; y que van desde expresiones radicales de corte anarquista y guerrillero, hasta simbólicas y pacifistas de sesgo apartidista y estudiantil.
¿Cuál sería la ruta crítica a seguir? ¿Qué actores políticos tendrían la capacidad de unificar esa indignación social con tan diversas expresiones, para convertirla en una propuesta con un sentido estratégico y transformador?
¿Podrían dichos personajes, consensar una propuesta que rebase los límites del DF para edificar un movimiento de resonancia nacional?
El segundo reto está definido por una pregunta: ¿Cuál debe ser el contenido de esa propuesta que permita conciliar las diversas posiciones que integran el movimiento?
El argumento que las fusiona es claro: Define la tragedia de Ayotzinapa como crimen de Estado, y exige, por tanto, la renuncia de Enrique Peña Nieto. Tras ello, propone una refundación constitucional del país basada en tres ejes: Estado de Derecho, seguridad pública, transparencia y rendición de cuentas. La misma exigiría una revisión crítica de las reformas estructurales, y de manera particular, la energética. Esta visión es crítica del estatus quo, porque relaciona a las élites políticas y económicas, al ejército y a los carteles del narcotráfico como partes de un mismo sistema protegido por lazos de corrupción e impunidad entre sus integrantes.
Pero, ¿validarían todos los participantes del movimiento este argumento sin matices? ¿Podrían aterrizarlo de manera pacífica, cuando frente tienen al contra argumento con el monopolio del uso legítimo de la fuerza estatal?
Este argumento percibe lo sucedido en Ayotzinapa como un evento entre narcotraficantes y normalistas. Por ello, el mismo Peña Nieto, Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín y Ciro Gómez Leyva, hablan de señalar y castigar a los criminales. En esta perspectiva, la renuncia de Peña Nieto es impensable, pero sí, la de Miguel Osorio Chong y/o Jesús Murillo Karam. Están dispuestos a impulsar Pactos o Acuerdos nacionales por la seguridad o reconciliación nacional; pero a la par, criminalizarán la protesta (los violentos de siempre, manchan las marchas de paz) y reprimirán de manera selectiva a ciertos grupos (identifica gobierno a 11 anarcos de 6 grupos). Las reformas estructurales permanecerán intocables. Y protegerán al estatus quo y los lazos de corrupción e impunidad que existen a su interior.
El tercer reto es el tiempo. Los integrantes del movimiento por Ayotzinapa tienen hasta el 12 de diciembre para impedir que el puente Guadalupe-Reyes disuelva su espíritu transformador tan colmado de esperanza.
¿Qué sucederá? La respuesta está en nosotros.