Son muchos los que desean que las elecciones tengan ya su desenlace; que se acepte el triunfo de Enrique Peña Nieto. Eso sería lo deseable y lo que debería haber sucedido desde que se terminó el cómputo. Pero la ley marca de manera puntual algunos hechos que no deben soslayarse. A los grandes usureros de la inteligencia (Televisa, Milenio y dos partidos) les parece que si un candidato obtuvo mayoría es porque el pueblo ya dio su veredicto a través de las urnas. Es cierto y es increíble lo que sucedió el día primero de julio. Contra lo esperado, diagnosticado, pronosticado por algunas empresas que se dedican al futurismo (por medio de encuestas) los votantes escogieron tres opciones y no una. La geopolítica, que aparecía tan nítida días antes, resultó muy otra después de abrir las casillas.

El problema que emergió luego es del mayor interés porque algunos piensan que las elecciones no fueron equitativas puesto que un partido compró conciencias con dinero, gastó más de la cuenta y recibió capital sin declararlo al Instituto Federal Electoral. La ley es clara y condena estos delitos, si acaso se cometieron. De ahí que ahora es el órgano superior el que debe avocarse a revisar las acusaciones, las pruebas y la interpretación de la misma ley y luego dictaminar. Después del dictamen del Tribunal Federal Electoral será difícil continuar luchando, al menos en ese campo. De ahí que los que dicen tener pruebas hayan de mostrarlas ahora.

Se minimiza el problema (o se maximiza, también). Soriana dice que no se prestó al cuchupo, que esas tarjetas son de ahorro. Tiene razón. Yo tuve una Tarjeta Soriana que una cajera me dio. Ahí anotan cada vez que compras algo y luego te abonan. Eso es cierto. Pero lo que está fuera de toda lógica es que esas tarjetas contengan dinero contante y sonante. Señoras del Estado de México que compraban una estufa con seis tarjetas (¿por qué tener varias si una basta?), otras que presumían a la vecina que les dieron una por cada votante arrimado y etcétera. Me mostraron una nota de caja de Soriana de Monterrey en la que aparece claramente lo adquirido por el cliente y donde está marcado en el tiquete “Abonos del PRI”. O sea que sí hubo un acuerdo entre el partido y Soriana. El PRI puede alegar que se trata de ayuda a menesterosos, de apoyo a los pobres, de equilibrio social, lucha contra la marginación y, en realidad, lo es, pero no era ni el momento ni el método para hacerlo, mucho menos porque lo ocultó, cosa que significa que no es tan inocente.

A los que proponen que ya le pare Andrés Manuel hay que secundarlos, pero cuando el Tribunal examine los ilícitos. Y no olvidemos que el PAN también tiene una querella acerca de un apoyo oculto de dinero norteamericano. Así que si queremos ser un país de leyes, cosa que todos deseamos ardientemente, empecemos por analizar lo que acaba de suceder. Si después sale que uno o el otro tenía la razón entonces será el momento de acogerse a lo que la autoridad falle.

Cualquier resultado hará que el candidato al que se considere triunfador se entere de que el 60% no votó por él sino por otros. Y no se trata de personas sino de orientaciones de orden político (qué tipo de país deseamos); económico (qué nos parece mejor en lo interno y en lo global); legislativo (qué orden social deseamos, qué leyes y jueces) y, sobre todo, justo: ya resulta insostenible el sistema de injusticias y corrupción que vivimos, no nos lo hemos ganado. Los millones de pobres no merecen esa vida que les tocó. Los muertos y desaparecidos no votaron, pero de haberlo hecho sabemos lo que hubiesen opinado.

Así que el escándalo que ha resultado del proceso electoral no es sino una muestra, tenue quizás, de la búsqueda de un nuevo orden social, de un pacto nuevo. El hecho de que tres opciones quedaron no muy lejos entre sí en las urnas es un manifiesto mexicano que expresa lo que deseamos: un mundo plural, el fin de la corrupción, la seguridad de que el día de hoy no moriremos, la tranquilidad del alma, la posibilidad de ser sujetos de nuestra historia.