Nueva ley de partidos: ¿por qué, para qué?

Los partidos, surgidos como organizaciones de la sociedad civil (suena fuerte pero sí, originalmente fueron Organismos No Gubernamentales —ONGs—) alcanzaron rango constitucional después de la Segunda Guerra Mundial. En Europa se pensó que al dotarlos de derechos y obligaciones, se podría evitar que partidos radicales de derecha y/o izquierda pudieran alcanzar el poder en alguna de las naciones del continente. Muy caro había salido dejar que los partidos vivieran sin regulación alguna.

La constitucionalización abrió una ruta de vida institucional que los partidos políticos del viejo continente no habían experimentado. Debieron voltear la mirada al nuevo mundo, para aprender que los miembros del partido tienen derechos y obligaciones y que se requieren reglas democráticas para elegir a los dirigentes, pero sobre todo a los candidatos. En ambos casos, pero fundamentalmente en el segundo, un diseño deficiente y una ejecución inadecuada actualiza el riesgo de la división y eso, los partidos lo saben bien, es la antesala de la derrota.

México, como sucede con frecuencia, llegó tarde a esa cita. ¿Fue por el partido hegemónico, o por la debilidad de la oposición? No importa. Lo cierto es que nuestros partidos llegaron a ser entidades de interés público, inscritas en la Constitución, hasta finales de los setenta del siglo pasado. Sí, luego de la crítica elección presidencial, de 1976, en la que José López Portillo compitió contra sí mismo. Ninguna democracia podría justificar una elección presidencial, con candidato único.

Un trío de reformas, todas después de elecciones presidenciales complejas (1988, 1994 y 2006) dotaron a los partidos mexicanos de cuantiosos recursos económicos y de tiempo gratuito y abundante en la radio y la televisión. Además, se creó el marco institucional para que nuestras elecciones tiendan a la certeza y a la equidad. Por supuesto, siempre enfrentando retos y múltiples oportunidades de mejora.

Ese largo proceso, ya casi cuarentón, fue producto de las adecuaciones institucionales que se hicieron con el objeto de darle cauce al pluralismo que invadió a nuestra sociedad, después de la fractura del partido hegemónico y de la implantación de un sistema de partidos plural y competitivo. Por eso (y también por otras muchas razones) hace mucho sentido que el nuevo esfuerzo reformador se haga cargo de un nuevo impulso en la institucionalización de los partidos políticos.

¿Para qué? Para que los recursos públicos que reciben como financiamiento federal y local se asigne a partir de criterios homogéneos y sin discrecionalidad. Para que el rigor y la profundidad con la que se fiscalizan sus ingresos y egresos sea uniforme. Para que el acceso a la radio y la televisión en las elecciones federales y locales, para los partidos nacionales y los estatales se encuentre en la ley y no se aplique a partir de criterios jurisdiccionales. Para que la interpretación de la posible vulneración de los derechos de sus miembros, no tenga que llegar inefablemente al tribunal electoral. Para que la paridad de género se cumpla y no sea (como lo es en el COFIPE) un valor confrontado con la selección democrática de los candidatos.

Esto último, la democracia interna de los partidos, obliga a una reflexión aparte. ¿Cómo los miembros de los partidos van a acatar las normas de una elección constitucional y a aceptar las derrotas en esos procesos, si no viven procesos democráticos en la selección de sus dirigentes y candidatos? El déficit de cultura cívica que afecta a nuestra democracia tiene uno de sus orígenes, justamente, en el hecho de que no hemos tenido hasta ahora partidos democráticos. Quizá la nueva ley ayude a resolver ese problema.


Por Leonardo Valdés Zurita
Twitter: @leonardovaldesz