Lo que faltaba: coyotaje intelectual en el Clúster

Imagínese que, con inteligencia y esfuerzo, usted realiza la invención de su vida trabajando para una empresa, universidad o gobierno en Coahuila. Luego se le acerca un emisario de Rogelio Montemayor y ofrece patentarle su innovación ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) con un descuento del 50 por ciento, porque él firmó un convenio con ellos que otorga esa tarifa. Usted accede, por la razón que sea, y gracias a ello se queda sólo con el derecho de figurar como autor, mientras Montemayor y sus emisarios reciben las ganancias que produzca su obra.

¿Le parece correcto, lógico, ético?

Evidentemente no. Sin embargo, si no sucede nada extraordinario, eso pasará en el estado con el Clúster Minero-Petrolero de Coahuila A.C., y sus asociados. Me explico.

El 5 de noviembre de 2014 el Clúster firmó un convenio con el IMPI por un plazo de dos años prorrogables. El objetivo del instrumento jurídico, en poder de quien esto escribe, es promover entre sus miembros (más de 80, según su sitio web) el Sistema de Propiedad Industrial a fin de incrementar el número de solicitudes de invenciones.

Hasta aquí no habría inconveniente de no ser porque la cláusula novena del mismo documento expone una situación inquietante: la titularidad de los derechos patrimoniales de las obras intelectuales que resulten del convenio, serán propiedad de la parte que las haya producido.

¿Qué significa eso?, más fácil: que si uno de los integrantes del Clúster, por ejemplo la Universidad Autónoma de Coahuila, realiza una invención científica relacionada con la explotación del gas Shale, el dinero que ésta genere será para la Asociación Civil.

Qué tal.

Si las compañías que participan en el Clúster están de acuerdo con esas condiciones, es decisión propia. Pero las instituciones públicas que también intervienen y, por tanto, obedecen al interés general, ¿fueron notificadas?, ¿aceptaron esa notoria desventaja?

¿Por qué necesitaría el Clúster lucrar con las obras intelectuales de otros? Aventuro una respuesta: porque no poseen información cualificada o de primera mano. En un manual elaborado por ellos, denominado Requerimientos en el proceso de arranque y producción para pozos de gas Shale (también en poder de quien esto escribe), afirman que muchos componentes del fluido de fracturación que se utiliza en la técnica para extraer el hidrocarburo están protegidos por leyes de propiedad intelectual o son secretos comerciales, por lo que hasta ahora no es posible conocer sus propiedades ni sus posibles efectos colaterales.

Es decir, ellos, que se presentan como los especialistas en la materia, no conocen los riesgos del fracking. Y los proyectos exploratorios que inició en Coahuila el Instituto Mexicano del Petróleo, se dijo aquí hace una semana, han sido reservados por 12 años debido al secreto industrial y se podrán conocer hasta 2025.

Entonces, ¿a dónde vamos si ni siquiera no lo sabemos?

Cortita y al pie

El pasado 13 de marzo cumplió un año de constituida la Asociación Civil presidida por el exGobernador inhabilitado por 20 años para ejercer el servicio público, Rogelio Montemayor. Quien esto escribe preguntó a 10 municipios de Coahuila, de las regiones Carbonífera y Norte, si habían aportado recursos económicos a ella. Sólo el Ayuntamiento de San Juan de Sabinas (Nueva Rosita) aceptó haber pagado 87 mil pesos por concepto de cuota anual correspondiente al periodo del 01 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2015, como consta en el oficio 109/2014 entregado por la Tesorería.