La otra cara de la luna

Guillermo Valencia sabe que vive horas extras, literal y metafóricamente hablando. Quien fue su amigo y a quien le acreditan el papel de su mentor –algo que él niega-, Jesús Reyna, exsecretario de gobierno de Michoacán, está detenido por presuntos vínculos con Los Caballeros Templarios. Valencia, recientemente alcalde de Tepalcaltepec, la región en donde tras un conflicto de años entre cárteles de la droga surgieron los grupos de autodefensa, se presentó a declarar en forma voluntaria ante la PGR, una sesión que duró 12 horas, para defenderse de las imputaciones de que él también tiene nexos con el cártel michoacano. No fue detenido ni sujeto al arraigo. Extraño caso para un hombre que, en libertad, paradójicamente, está más cerca de la muerte.

Valencia es la otra cara de la lucha contra el crimen organizado y, en sí mismo, un microcosmos de la complejidad en la que vive la sociedad y los políticos en Michoacán y en otras partes del país. Valencia entró en conflicto con los grupos de autodefensas cuando denunció a sus líderes como miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación –algunos de los fundadores de los vigilantes, en efecto, tenían antecedentes que los ligaban al narcotráfico-, y se enfrentó abiertamente con el comisionado federal, Alfredo Castillo, por protegerlos y mantener diálogo con criminales.

Pero contra él pesan acusaciones públicas de políticos y autodefensas, de haber participado en reuniones con Los Caballeros Templarios. Valencia, en una insólita entrevista hace unos días con quien esto escribe, admitió que en dos ocasiones estuvo en reuniones con representantes de ese cártel. Pero no fue voluntario, aseguró, sino llevado con amenazas de muerte. Para quien ya había tenido una pistola en la cabeza y cuyo padre y hermano fueron secuestrados para amedrentarlo, las amenazas no son retóricas. Valencia dijo que las reuniones fueron la zona de Tierra Caliente, en diciembre de 2011 en La Ruana, en el municipio de Buenavista, y la siguiente en El Aguaje, en Aguililla en noviembre de 2013.

Valencia dijo que junto con él fueron llevados otros seis alcaldes. No quiso decir quiénes, ni de dónde. Tampoco quiso revelar qué Templarios hablaron con ellos. Recordó que les pidieron una cantidad de dinero fija por mes, aunque tampoco quiso revelar cuánto. De por sí, sé que ya me estoy jugando la vida al hablar con usted, señaló a manera de justificación de su silencio. La línea de tiempo que marcó Valencia, sin embargo, es importante. La primera reunión fue realizada escasos dos meses antes de que asumiera la gubernatura Fausto Vallejo; la segunda, cuando estaba en pleno la operación limpieza de los grupos de autodefensa en contra de los Templarios. Es decir, dos años completos de impunidad en Michoacán.

Valencia rechazó colaboración alguna con el cártel. Una cosa es reunirse o coincidir, y otra cosa es tener una reunión para hacer acuerdos y pactar cosas, dijo. Yo nunca pacté con esos señores. Yo fui a fuerza por cuidar mi vida. ¿Tenía opciones? Según él, ninguna. ¿Pedir apoyo? El presidente municipal de Tanhuato pidió ayuda y ahora está muerto, dijo, al recordar a Gustavo Garibay, acribillado en marzo pasado, tras sobrevivir un atentado en octubre de 2012 y denunciar a la delincuencia organizada.

¿Qué tanto de lo que habló en público detalló ante la PGR? Es una incógnita. Lo que muestra, sobre todo al no haber sido detenido –en el peor de los casos porque aún no hay pruebas sólidas en su contra-, es la debilidad de las instituciones en su parte primaria, los municipios, y la incapacidad del Estado para fortalecerlos. Valencia ganaba 32 mil pesos al mes y durante 10 meses gobernó Tepalcaltepec desde Morelia. Pidió una vez el mando único, la única herramienta a la que podían recurrir para intentar hacer algo, y se lo negaron. Los alcaldes, como refleja su caso, están abandonados. En 400 de los dos mil 439 municipios del país, no hay un solo policía; en mil 60, menos de 20. Esto es que en casi dos terceras partes de los municipios, no hay policías para cuidar a la población. Valencia es un ejemplo de lo que vive la parte gubernamental más próxima al ciudadano. Y la más débil. Si es responsable o no de un delito, será la autoridad la que lo determine. Pero es una víctima más de la debilidad institucional en México que se ha buscado fortalecer sin éxito, gobierno tras gobierno.

 P.D. Esta columna dejará de publicarse en Semana Santa.

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