La investigación jurídica hoy
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Nuestro país enfrenta un momento de profundo cambio jurídico que para algunos —incluso— representa una suerte de reconstitucionalización sin proceso constituyente. En los años recientes se han aprobado reformas muy ambiciosas prácticamente en todas las áreas del derecho: penal, laboral, fiscal, amparo, educación, transparencia, telecomunicaciones, electoral, energía. Y sobre todo, en un área de relevancia transversal que debe permear a todas las demás: los derechos humanos.
Estos cambios, cuyos alcances y efectos desconocemos, han generado profunda incertidumbre para todos los operadores jurídicos. Los abogados en sus despachos, los jueces en sus juzgados y las autoridades administrativas en sus distintos ámbitos de operación enfrentan grandes dificultades para digerir tanto cambio en tan poco tiempo. De alguna manera lo que se nos pide es “aprender a desaprender” para aprender de nuevo. Y ese es un reto intelectual mayúsculo que nuestra generación debe encarar con talento y compromiso.
En ese contexto, la academia tiene la responsabilidad de contribuir a entender qué es lo que ha cambiado y, sobre todo, de incidir en el destino final de estas transformaciones normativas. En particular, por su historia y relevancia estratégica, la Universidad Nacional tiene una responsabilidad social ineludible. Tanto en el ámbito de la investigación como en el de la docencia los juristas debemos reaccionar pronto y hacerlo con solidez académica, independencia política y compromiso social.
Estoy convencido de que la consolidación democrática en México depende en buena medida de que seamos capaces de hacerlo porque el país necesita una transición desde la democracia electoral hacia el Estado de Derecho. Y no hacia cualquier estado jurídico: no por ejemplo, hacia un modelo centrado en la lógica de los poderes, el formalismo y los privilegios; sino hacia un Estado de Derecho, orientado a la protección de los más débiles y comprometido con la inclusión y el combate a la discriminación.
Para contribuir a que esto suceda, lo primero que los juristas tenemos que hacer es incorporar y aceptar de raíz que hay múltiples visiones y maneras de estudiar el derecho. La multidisciplinariedad es inevitable porque para comprender los desafíos actuales, no basta la mirada jurídica. Además, a esta perspectiva de la investigación debe corresponder una docencia menos fincada en la memoria y más dialógica y abierta. Este giro podría parecer un lugar común, pero ir de las palabras a los hechos es un reto importante para un gremio acostumbrado a la tradición, la doctrina y al respeto por los precedentes.
La buena noticia es que en México contamos con diversos centros que realizan investigación jurídica. Durante mucho tiempo, por muy buenas razones, la UNAM constituía prácticamente el único referente para los estudios jurídicos de calidad en el país e incluso de muchos países de América Latina. Sin embargo, hoy coexiste con otras instituciones públicas y privadas que se han venido especializando en la investigación de las diferentes ramas del derecho. Esta nueva realidad ofrece oportunidades y plantea desafíos. La mejor manera de sortearlos es bajo la lógica de la colaboración estratégica. Después de todo, lo que debemos lograr es que nuestro país siga siendo un referente a nivel mundial por la calidad de la investigación jurídica que produce, por la doctrina que genera y por los abogados y abogadas que forma.
Esto es particularmente relevante en el momento actual en el que los paradigmas y referentes jurídicos también están mutando en el ámbito internacional. De hecho, algunos estudiosos sostienen que se ha venido conformando un Ius Constitutionale Commune —por lo pronto— en América Latina que complementa las transformaciones de los ordenamientos nacionales. De nueva cuenta, el reto reside en explicar este fenómeno y en incidir en su destino. México y sus juristas pueden y deben hacerlo.
Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Pedro Salazar Ugarte