La estructura paralela que va por el gas shale

Haciéndose rosca. Nadando de muertito. Así se va enraizando en la entidad el Clúster Minero-Petrolero de Coahuila, A.C. que nació por generación espontánea y, si nadie dispone otra cosa, llevará el bastón de mando en la explotación del gas shale que se avecina. Se ha preguntado usted, sin embargo, ¿hasta dónde los intereses de la Asociación Civil que se constituyó son particulares y hasta dónde públicos?

Porque, en paralelo al Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno Estatal, se ha fincado una estructura que consta de seis áreas: Recursos Humanos, Infraestructura, Proveeduría, Medio Ambiente, Derechos Superficiales e Innovación y Tecnología. Como seis secretarías, vamos.

Si el asunto es privado, ¿a cuenta de qué Gobierno del Estado paga 136 mil 875 pesos mensuales a un funcionario para que actúe como su representante en él? Me explico. El pasado 12 de mayo Rogelio Ramos Oranday (exsecretario técnico del Ejecutivo el primer tercio del sexenio) recibió del gobernador el nombramiento de Comisionado en el Clúster Minero-Petrolero de Coahuila, A.C., adscrito a la Secretaría de Finanzas como empleado 20346, categoría MSS01, con el salario bruto antes referido y 19 atribuciones.

Ahora bien, si el negocio es de interés general, ¿quién eligió, y en base a qué méritos, a los coordinadoresque integran la A.C.?; ¿por qué reutilizar políticos como José Antonio Murra Giacoman (exsecretario de Fomento Económico), Jesús María Ramón (exsenador) o Martha Laura Carranza (exsecretaria de Desarrollo Social)?; ¿quién los invistió como personas autorizadas para hacer tratos a nombre de los coahuilenses?; ¿a usted le preguntaron si deseaba tener como gobernador del gas shale a Rogelio Montemayor?.

Podríamos concederles el beneficio de la duda y aceptar que su Asociación Civil no tiene fines de lucro y, como ellos pregonan, sólo tratan de anticiparse a los efectos económicos, sociales y medioambientales que impactarán a Coahuila con la explotación del gas shale en el centro y norte del estado. De ser así, excluyámoslos a ellos y a sus 85 asociados (a través de un impedimento legal) de toda negociación (licitación, contratos, proveeduría) que se genere a futuro, limitando su actuación a seminarios y encuentros académicos, por ejemplo. ¿No le parece justo?

Pero si el Clúster persigue fines lucrativos, lo natural es que rindan cuentas a los coahuilenses conforme a la Ley de Transparencia porque una Asociación Civil, justo es decirlo, no está obligada a ello en la legislación vigente.

Y es que no acaba de quedar claro el tema. En el Programa Estatal de Desarrollo Económico  2011-2017 (página 66, Proyectos Estratégicos) se menciona como un objetivo establecer las acciones para la instalación de un Clúster de Servicios vinculado al desarrollo y explotación del potencial energético.

Entonces el Clúster Minero-Petrolero de Coahuila, A.C. ¿es un apéndice de Gobierno del Estado?

Cortita y al pie

Por lo demás, ¿sabía usted que la Asociación Civil Clúster Minero-Petrolero de Coahuila, A.C. no aparece inscrita en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, de la Secretaría de Gobernación?

Eso significa que mantiene ocultos datos importantes como su representación legal, vigencia, número de escritura pública, objeto social, acta constitutiva o apoyos recibidos.

La última y nos vamos

Aún no hay regulación secundaria de la Reforma Energética y el Clúster ya se apropió de la batuta en Coahuila y avanza entre tinieblas, en una cómoda indefinición.

Sus integrantes, mientras tanto, se frotan las manos.

@luiscarlosplata