La apuesta por el Estado democrático

Durante las últimas tres décadas hemos visto y experimentado las distintas apuestas que los presidentes de la República han hecho para gobernar y recuperar el crecimiento económico. Son las famosas reformas estructurales, de las cuales ya llevamos más de 30 años, sin lograr que la economía mexicana retome la senda del crecimiento económico sostenido, y con ello se disminuya la desigualdad y se abata la pobreza.

El presidente De la Madrid le apostó a un cambio radical de rumbo: emprendió la tarea titánica de transformar al Estado propietario, incapaz de administrar la abundancia generada por el petróleo, en el Estado promotor. Esto implicó la venta de las industrias paraestatales no estratégicas y el impresionante saneamiento de las finanzas públicas, donde el ajuste fiscal emprendido por Grecia y España parecen juegos de niños. También inició la apertura de la economía para revertir la dependencia de la economía del petróleo —más del 80% de las exportaciones provenían del éste—, así a reducción de subsidios y recordarles a los empresarios que tenían que pagar impuestos.

Le siguió Salinas quien inició su sexenio con una histórica reestructuración de la deuda externa, la cual sangraba al país con una transferencia neta de recursos al exterior por concepto de servicio de la deuda. La histórica firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la autonomía del Banco de México. La privatización bancaria necesaria, pero mal lograda por falta de regulación.

Zedillo inició su sexenio con la refundación del Poder Judicial. Pasará a la historia por haberle apostado al Estado democrático con una reforma política que da lugar a un IFE con la credibilidad de todos los actores políticos. Hoy, ese IFE ya es historia pues ahora tenemos al INE, con facultades para intervenir en procesos locales. En materia económica sobresalió el haber devuelto la estabilidad macroeconómica después de la quiebra del sistema financiero y la salida de capitales, así como la reforma de pensiones de los trabajadores que cotizan al IMSS.

El presidente Fox llegaba con dos banderas fundamentales para avanzar en la democracia: legalidad y federalismo. Pronto se olvidó de ellas, pese a que de haberlas aplicado habría iniciado el tan ansiado cambio de régimen. Y el presidente Felipe Calderón, quizá con la buena intención de recuperar los espacios del Estado, inició una guerra contra la delincuencia organizada sin el apoyo y la empatía de los gobernadores. En materia económica su récord tendrá la reforma de pensiones al ISSSTE y el cierre de Luz y Fuerza del Centro, una de las mayores sangrías de la hacienda pública.

Ahora, en estos casi dos años de gobierno del presidente Peña, empezando con un Pacto por México, se han logrado reformas legislativas en el ámbito económico y educativo que no tienen precedente y que superaron expectativas, especialmente la del sector energético. También está el haber logrado reformas para tener un Código Nacional de Procedimientos Penales, un órgano constitucional autónomo en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales y la reforma político-electoral.

No obstante todo esto, falta el nuevo marco jurídico para combatir la corrupción. Más aún, a todas estas grandes reformas de los últimos 30 años les falta el cid campeador que haga que la procuración y administración de justicia sean una realidad en todo rincón del territorio mexicano. Es la gran oportunidad que tiene el presidente Peña Nieto, trabajar con todo el ahínco y determinación para que el Estado democrático de Derecho no quede sólo en los discursos oficiales, sino que sea lo que los mexicanos necesitan auténticamente para poder participar en los procesos de crecimiento económico y distribución de sus beneficios.