¿Hay vida después del Pacto?

El sistema político mexicano no está construido para el acuerdo racional entre las fuerzas políticas. No obstante, una anomalía, el Pacto por México lo permitió. El Pacto fue una iniciativa convergente de los principales partidos y el gobierno para procesar las 10 reformas constitucionales más fuertes que ha habido en los últimos tiempos, excepción hecha de la reforma al artículo primero constitucional de junio de 2011, que constituye un hito particularmente trascendente en la materia y que provino de convergencias de la sociedad civil, del Poder Judicial y del Poder Constituyente.

Pero una vez conseguidas las reformas más importantes, el resto de los compromisos del Pacto pasa a segundo plano en el interés de los partidos. Su atención se desplaza hacia la nueva temporada electoral que culminará en junio de 2015. Termina una fase de acuerdo y convergencia y se pasa a otra de oposición y confrontación. En el PRD y el PAN gravita en esta dirección la presión de sectores de la militancia inconformes con la supuesta docilidad de sus dirigentes por apoyar las acciones del Pacto. Convergencia crítica u oposición intransigente son dos ejes que se vienen combinando en los debates dentro de los partidos para definir sus posiciones externas.

En un sistema presidencial con división de poderes y federalismo es más difícil construir acuerdos si la pluralidad rebasa a dos partidos principales. A diferencia de este sistema, el gobierno parlamentario es más dúctil para ese tipo de conformación de la esfera política. A mayor pluralidad de partidos, mayor dificultad para el consenso en los sistemas presidenciales y menor en los parlamentarios. Por eso, para hacer más eficiente un sistema presidencial como el nuestro, es necesario enfatizar la formación de mayorías. De ahí el dilema que ya se presenta en la intención de reducir la representación plurinominal en el Congreso. Si las voces son más numerosas, el costo de tomar decisiones aumenta, a menos que haya una anomalía que permita que la soberanía pacte acuerdos de beneficio general, como lo han sido las reformas señaladas antes, desde el punto de vista de quienes llegaron a los consensos que los implantaron. Desde luego es una anomalía en el sistema presidencial, porque el Pacto se coloca como instancia no constitucionalizada. En cambio en un sistema parlamentario pactar es lo que obliga; es regla y no excepción.

El dilema para la democracia mexicana es, pues, este: ordenar el sistema para que incluya a la pluralidad de voces y voluntades o bien someter esa pluralidad a las exigencias del sistema presidencial. Lo primero implicaría mantener la representación proporcional en las cámaras federales y estatales (e inclusive incrementarla reduciendo la de mayoría), e introducir nuevas modalidades de gobierno mixto, como llamaba Maquiavelo a la República. Naturalmente, esta ruta implica instaurar en el Ejecutivo mejores herramientas para el consenso, como el ya instituido gobierno de coalición facultativo, que conduzcan al cogobierno entre más de una fuerza política.

También implica dotar a las cámaras de mejores herramientas de control sobre el gobierno. La otra ruta conlleva acentuar los puestos de mayoría dejando fuera de la representación a voces que le podrán competir de cerca a la primera pero que serían excluidas. En una configuración pluralista, no bipartidista, como la que tiene hoy México se agrega a ello un riesgo más: que las mayorías así conformadas no sean absolutas sino relativas, lo que podría implicar que la mayoría, dividida en distintas opciones, quedase en muchos distritos fuera de la representación.

Este será uno de los debates que inminentemente se presentarán en el Congreso. En él se definirá qué vida política habrá después del Pacto por México y, en más amplio horizonte, el destino de la democracia en México.

(Director de Flacso en México)
Twitter: @pacovaldesu