El acuerdo extraordinario

Soy un convencido de que los periodos ordinarios de sesiones en el Congreso no son suficientes para desahogar, cuando menos en esta etapa de la vida nacional, todos los temas pendientes que por décadas se han acumulado en la tarea de practicar reformas a nuestras leyes.

Durante años y años, grupos parlamentarios se han opuesto a reformas que benefician al país y que a ellos, a grupos o corrientes políticas, no les convienen o que no les dan dividendos; por eso hoy, ante circunstancias políticas distintas, el PAN celebra que haya acuerdo para las reformas.

La voluntad política para celebrar acuerdos es siempre una buena noticia; más aún cuando el resultado de esos acuerdos redundará en la conclusión de procesos o transformaciones legales ya iniciadas en este último año legislativo y que falta coronar con cambios a la normatividad subsecuente. Además, es de destacar de manera notoria el papel que los políticos de oposición no hemos asumido: el bloqueo sin sentido. Sin importar de quién es la autoría de reformas, buscamos no el reflector individual, sino el servicio y el rendimiento para el país.

Los periodos extraordinarios acordados para las segundas quincenas de julio y agosto dependerán, primero, del trabajo en comisiones que genere dictámenes listos para votación. Esperamos desahogar el proceso de selección del consejero faltante en el IFE, que no será un trámite fácil y augura polémica.

También podremos entrar al tema de la reforma en transparencia con la que se busca dotar de autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y en donde no podemos dar pasos atrás; por el contrario, hay que fortalecerlo a 10 años de su creación.

El control de la deuda de los estados y municipios será otro tema. En el PAN estamos convencidos de que endeudamientos y escándalos de corrupción como los protagonizados por los ex gobernadores de Coahuila, Humberto Moreira; de Tabasco, Andrés Granier; de Veracruz, Fidel Herrera; o de Michoacán, Leonel Godoy, no pueden ni deben repetirse. Si a alguien le queda alguna duda del costo que la mala administración de los estados tiene para el país, basta referir un cálculo del Instituto Mexicano para la Competitividad que señala que el monto de las irregularidades financieras estatales hubiera alcanzado para pagar tres veces el presupuesto anual del IPN, más los programas federales para combatir la obesidad y fomentar la lectura.

Probablemente entremos al debate en la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, proyecto que esperemos sea compatible con otros sobre el mismo tema que se han abordado en legislaturas pasadas. Es relevante que se discuta y apruebe el Código de Procedimientos Penales único a nivel federal y que hoy parece contar con más posibilidades de concreción. De lograrse, esto dotará de más y mejores herramientas al Estado para perseguir y castigar el delito, una demanda ciudadana que simplemente no puede postergarse.

Estos periodos extraordinarios nos permitirán discutir y aprobar las leyes reglamentarias de dos importantes reformas: las de telecomunicaciones y educación, fundamentales para la transformación del país a largo plazo.

Nosotros, en el Legislativo, estamos comprometidos a analizar y debatir y, consecuentemente, a aprobar todas esas reformas. Esa es nuestra tarea, es nuestra obligación y así emprenderemos el trabajo de estos dos periodos extraordinarios de sesiones. No podemos ir arrastrando trabajo parlamentario hasta septiembre; necesitamos desahogar todos esos temas pendientes e iniciar así el primer año del segundo periodo de sesiones de esta legislatura, abiertos a los temas económicos que acapararán la agenda.

En suma, los periodos extraordinarios pueden convertirse en acuerdos extraordinarios que permitan a México contar con nuevas y mejores leyes para llegar a su cita con un mejor futuro, que ya de por sí lleva tiempo de retraso.


Por José González Morfín
Twitter: @jglezmorfin