Diplomacia a la mexicana
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Diplomacia es, dice el diccionario de la Real Academia Española, el servicio de los estados en sus relaciones internacionales; coloquialmente es la cortesía aparente e interesada, es la habilidad, sagacidad y disimulo.
Tal definición no podría incluir como un ejemplo las declaraciones formuladas por el embajador permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas y por nuestro canciller en relación al informe del relator especial sobre la Tortura, Juan Mendez, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU porque ambas, abiertamente expresan molestia y olvidan toda cortesía al reclamar que el informe es falaz, falto de ética y metodología.
La reacción del gobierno lo muestra inusitadamente contrariado y así conduce su diplomacia, reconocida en el ámbito internacional por tender puentes de entendimientos y buscar consensos para lograr la resolución pacífica entre países contrapuestos. Los rompimientos de relaciones diplomáticas de México con otros gobiernos se fundaron en el rechazo a regímenes dictatoriales, como ocurrió en los casos de Guatemala, República Dominicana, Chile y Nicaragua.
Sin embargo, hoy nos encontramos con la obcecada resistencia gubernamental para aceptar que la tortura y los malos tratos son generalizados en México, inscrito en el apartado 23 del Informe del relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En ese informe se incluye el registro de quejas que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido por tortura y malos tratos: 2,020 quejas en 2011, y 2,113 en 2012, en los seis años anteriores a 2007 hubo un promedio de 320. Entre diciembre de 2012 y julio de 2014, la CNDH recibió 1,148 quejas por violaciones atribuibles sólo a las fuerzas armadas.
El relator, Juan Mendez ha señalado que la tortura no solamente ocurre al momento de la detención o antes de ser llevado ante cualquier autoridad, sino que se repite con la marina, ejército, policía federal, PGR, policías estatales y municipales; en separos, centros de arraigo, hospitales siquiátricos, centros penitenciarios, etc.
La tortura es un flagelo que debe erradicarse de las prácticas de todo funcionario público, no sólo porque es parte de las obligaciones que el Estado mexicano tiene con el marco jurídico internacional, sino agravia la dignidad humana por su cruel resultado; porque se perpetra contra las personas que se encuentran en una franca desventaja ante el sujeto que ostenta el poder.
Negar que la tortura ha sido y es utilizada para concretar una confesión, un culpable, es querer tapar el sol con un dedo. Podemos hacer una encuesta en cualquier aforo público y entre los consultados escucharemos que algún familiar, amistad o conocido, ha sido víctima de tortura.
Frente a la controversia provocada por el gobierno mexicano, convendría replantear no lo correcto de haber aprobado tratados internacionales, sino las bondades de cumplir sus recomendaciones; si México cumple sus compromisos con el derecho internacional, logrará confiabilidad en los tratos y negocios que impulse con otras naciones.
Es un desaguisado decir que ya no se trabajará con el relator Méndez; lo diplomáticamente correcto es sentarse con él y dirimir lo que se tenga que dirimir, porque es parte de nuestra vinculación con el derecho internacional y nuestro compromiso con los derechos humanos.
@angelicadelap