Degradación carcelaria
COMPARTIR
TEMAS
Nelson Mandela estableció que: “Nadie conoce verdaderamente una nación si no conoce el estado de sus prisiones”. La Comisión de Derechos Humanos de Coahuila por ley realiza visitas de inspección a los centros penitenciarios desde la primera mitad de la década de los 90 y muy poco ha cambiado desde entonces hasta ahora en las cárceles del estado, tanto en las municipales como en las estatales.
Según el reporte de VANGUARDA (28-08-14), la CDHEC reprobó el funcionamiento de las cárceles municipales a causa de irregularidades detectadas en sus instalaciones, las que atentan contra los derechos humanos de los y las internas.
Leer las recomendaciones de la CDHEC no deja de causar escalofríos porque reflejan la situación de abandono con maltrato emocional y humanitario hacia esa población. En general esos centros mantienen nulas o muy malas condiciones higiénicas, los presos duermen en planchas de cemento con cobijas sucias y viejas o bien en el piso, la fauna nociva los acompaña, en algunos la alimentación escasea y además no hay celdas para las mujeres y los menores, por lo que las mantienen en las oficinas de la administración, con el peligro que ello supone.
Aunque las cárceles municipales no forman parte del sistema de reinserción estatal debieran organizarse y funcionar sobre la base del respeto a los derechos humanos.
En su informe anual de 2013 el presidente de la CDHEC, Xavier Díaz de Urdanivia, no se refirió a la situación de los penales estatales, aunque en entrevista posterior reconoció que las condiciones de los internos en los diversos penales no son óptimas, sin embargo la resolución de éstas tienen que ver con los rezagos presupuestales, dijo (10-12-13).
Acerca del tema, la UNAM elaboró un estudio a través del Programa Universitario de Derechos Humanos denominado, Presos y prisiones. El sistema penitenciario desde la perspectiva de los derechos humanos, a cargo de Sergio García Ramírez y Laura Martínez Breña en el que concluyen que: “la prisión no sólo no satisface sus fines constitucionales, sino que los trasgrede por la ausencia del estado de derecho en ella”, ya que en él prolifera la corrupción y la violencia; persiste el autogobierno y en lo general se carece de personal debidamente seleccionado, capacitado y supervisado y el actual es muy mal pagado; hay sobrepoblación y no existen los medios instituidos en la
Constitución para propiciar la reinserción social del sentenciado.
Según el diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2013 al menos en el 85 por ciento de los centros penitenciarios no existen manuales de procedimientos para atender conflictos como los motines u otros incidentes violentos, tampoco hay registro sobre maltrato o tortura, además de que la mitad de los centros penitenciarios cuentan con áreas de privilegio toleradas y hasta propiciadas por las autoridades.
Las fugas de reos son constantes, se estima que en la administración de Felipe Calderón había una fuga cada 3 días; recuerde que del penal de Piedras Negras, en septiembre de 2012 se fugaron 132 internos de los que aún faltan por capturar 39.
El panorama prevaleciente en las prisiones del país, estatales y federales, es desolador, es un medio de fomento estructural de la corrupción donde la reinserción es imposible, el propio sistema lo impide porque está diseñado para quebrar voluntades y funciona como un aparato discriminador de los grupos más indefensos de las prisiones, ahí las mujeres, los indígenas, los enfermos, y los homosexuales son los más vulnerables.
Las irregularidades detectadas por la CDHDC en las cárceles municipales resultan pecata minuta contra lo que ocurre en los penales estales y federales, no obstante es imprescindible que los ayuntamientos vigilen el trato digno y el respeto a los derechos humanos de los internos.