Con facilidad se ignora la Constitución

Desde 2011 el Estado mexicano dio un vuelco a la concepción anacrónica de las garantías individuales. En un acuerdo prácticamente unánime del Poder Constituyente se modificó el artículo primero constitucional para reconocer los derechos humanos establecidos en los instrumentos internacionales signados por México, y someter a toda autoridad al deber de su cumplimiento.

Como antecedentes de esta acción sin precedentes estaba la sentencia de la SCJN sobre el caso Rosendo Radilla, que acataba la correspondiente de la CIDH, y un sinnúmero de iniciativas que se habían acumulado en la bodega del Congreso provenientes de todos los puntos cardinales del espectro político.

Como consecuencia de esta enmienda se derivaron una serie de transformaciones del sistema judicial: juicios orales, nueva ley de amparo y varias disposiciones de la Suprema Corte para ajustar el orden jurídico al nuevo mandato legal. Asimismo, la Corte estableció que en caso de discrepancia entre la Constitución y los tratados internacionales deberá prevalecer como criterio judicial el más favorable al reclamante. La tarea prescrita por el Poder Constituyente a todos los poderes del Estado es de una escala imposible de acometer de un sólo golpe. Pero se ha empezado a caminar por una ruta que difícilmente será reversible.

Las tareas a realizar incluyen la sensibilización de todas las autoridades. La centralidad del mandato constitucional consiste en que los preceptos del artículo 1° deben ser colocados en el acto de gobernar; se debe realizar el ejercicio de gobierno desde y para la protección y promoción de los derechos humanos.

La desarticulación del régimen de gobierno es patente y patética, además de trágica. La debilidad de la institución municipal, la subordinación de las legislaturas estatales, del Ministerio Público y la prepotencia unipersonal de los gobernadores es una de las fallas sistémicas que facilitan la penetración del crimen y el desgobierno. El sistema federal está hecho trizas, al menos en términos de gobernabilidad. ¿No tenemos ya evidencias suficientes para reformar la atribución de responsabilidades entre los gobernantes en todos los niveles? Es necesario delimitar y hacer exigibles las responsabilidades de cada funcionario si hemos de dar paso a la prelación que los derechos humanos deben tener de acuerdo con la Constitución en las decisiones de gobierno. No hay sistema inmune a la penetración del crimen, pero en el caso de México la crisis moral es también resultado de la facilidad con que los gobernantes pueden ignorar la Constitución.

Twitter: @pacovaldesu