Proponen asesoría jurídica para docentes acusados sin fundamento de abuso y acoso en Coahuila

Morena propone adiciones a la Ley Estatal de Educación para que directivos, maestros y personal administrativo cuenten con capacitación, asesoría legal y gestión de crisis en situaciones que puedan implicar riesgos legales y reputacionales durante el desarrollo de sus funciones, al considerar que la protección del personal educativo no solo es una necesidad urgente, sino uno obligación moral y social ineludible.

La diputada Magaly Hernández Aguirre refirió que los casos de abuso, acoso, maltrato y otras situaciones pueden impactar dentro de los planteles escolares y de la sociedad, por eso se deben tomar medidas inmediatas y efectivas para prevenir y abordar este tipo de situaciones.

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“Los profesores han recibido acusaciones de abuso de poder y de tratos indebidos. Somos contundentes al respecto: no se solapará ni protegerá a quien haya mantenido conductas indebidas o directamente ilegales, sin embargo, es importante aclarar que no dejaremos en la desprotección a nuestros docentes ante acusaciones infundadas, amenazas, linchamientos mediáticos o agresiones físicas”.

“Desgraciadamente, hemos sido testigos de casos alarmantes donde los maestros y maestros están indefensos ante acusaciones falsas. En Reynosa, por ejemplo, un maestro perdió su trabajo en una escuela tras acusaciones falsas (profesor de preparatoria denunciado por alumna de acoso sexual) que, aun cuando fueron esclarecidas, los estragos en su carrera, ingresos y salud mental, todavía perduran”.

Casos similares se han presentado en otros estados y los docentes tienen dificultades para reanudar su labor docente, dado que los planteles escolares no quieren verse afectados por supuesta mala publicidad y, además, enfrentan los procesos legales con poco o nulo asesoramiento legal o acompañamiento de algún tipo.

El personal educativo también se enfrenta a una amenaza constante de agresiones físicas o verbales por parte de estudiantes y padres de familia, como ha ocurrido en el Estado de México, Chihuahua y Sinaloa, incluso por las malas calificaciones obtenidas por estudiantes. En México, desgraciadamente, uno de cada tres docentes, han reportado agresiones verbales, robos o daños de pertenencias por parte del estudiantado.

La iniciativa plantea como obligación del Estado brindar servicios de capacitación, asesoría legal y de gestión de crisis a directivos, docentes y personal administrativo de la educación sobre casos de abuso sexual, acoso, maltrato y otras situaciones que surjan en el desarrollo de sus funciones e impliquen riesgos legales o reputacionales.

“El personal educativo necesita apoyo más sólido y efectivo para enfrentar estos desafíos, estas capacitaciones deben proporcionarles herramientas y el conocimiento necesario para prevenir, identificar y responder adecuadamente a eventos con riesgos legales y reputaciones, esto incluye protocolos para manejo de crisis, asesoramiento legal y respaldo en caso de enfrentar acusaciones injustas o represalias por parte de terceros”.

“Esto puede incluir líneas de ayuda telefónica o en línea, donde los maestros puedan buscar atención y asesoramiento en caso de necesidad, así como redes de apoyo entre colegas donde puedan compartir experiencias y consejos”, manifestó.