Claudia Corichi denuncia ante PGR grabaciones telefónicas
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Argumentó que hay "quienes desde posiciones de poder político extremo, han hecho de éstas prácticas un ejercicio común, y porque creo en las instituciones del Estado Mexicano que deberán investigar estos delitos"
Ciudad de México.- La senadora perredista Claudia Corichi interpuso una denuncia penal en contra de quienes resulten responsables de haber intervenido en la grabación de la conversación telefónica que sostuvo con el candidato en Guerrero, Angel Aguirre Rivero, al admitir tácitamente que dicha conversación es real.
En un comunicado, la senadora refiere que no volverá a tocar el tema hasta concluido el proceso electoral, pero "es indudable que quienes participaron en este acto ilegal, lo hicieron con la firme intención de dañar la imagen del partido al cual pertenezco, de nuestro candidato al gobierno de Guerrero y de su servidora, como un acto desesperado al ver que Angel Heladio Aguirre Rivero supera ampliamente en las encuestas a los restantes candidatos a la gubernatura de Guerrero".
Aseveró que es muy sencillo identificar a los beneficiarios de esta acción: el Partido Revolucionario Institucional y su candidato Manuel Añorve Baños.
En el documento menciona que hoy presentó ante la Delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el Distrito Federal, una denuncia penal en contra de quienes resulten responsables, como autores intelectuales y/o materiales de la intervención; grabación; edición; divulgación y utilización del contenido "de una llamada telefónica privada entre quien suscribe, y el candidato de la Coalición "Guerrero nos Une" a la Gubernatura del estado de Guerrero".
Destacó que la intervención de comunicaciones privadas, sin mandato legal, así como el envío para su divulgación y utilización indebida, constituyen delitos federales que las leyes mexicanas sancionan.
"Tomé la decisión de emprender esta acción legal, porque estoy convencida de que la denuncia es el arma ciudadana más poderosa con la que contamos los mexicanos para defendernos de quienes desde posiciones de poder político extremo, han hecho de éstas prácticas un ejercicio común, y porque creo en las instituciones del Estado Mexicano que deberán investigar estos delitos".
