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Anayeli García Martínez (CIMAC)
Aunque en el informe no se precisan mayores datos, destaca que las mexicanas sentenciadas por el delito de aborto, en su mayoría, tienen entre 18 y 25 años de edad, es decir son mujeres jóvenes que interrumpieron su embarazo.
En sólo tres años, de 2009 a 2011, 679 mexicanas fueron denunciadas ante las autoridades por el delito de aborto, según un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el reporte "Acceso a la información en salud sexual y reproductiva en América Latina", elaborado por organizaciones civiles de la región, se indica que en 24 entidades de México 679 mujeres fueron denunciadas por interrumpir un embarazo no deseado.

De acuerdo con el capítulo dedicado a México, realizado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), aunque las dependencias federales otorgaron estos datos los sistemas estatales de acceso a la información pública aún tienen fallas a la hora de revisar y dar respuesta a las solicitudes presentadas.

En el marco del 146 periodo de sesiones de CIDH, siete organizaciones civiles manifestaron su preocupación porque los Estados no brinden información sobre el ejercicio de los derechos femeninos.

El pasado 2 de noviembre, organizaciones de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua y Perú, dijeron que en sus países las instituciones gubernamentales carecen de información pertinente, completa y actualizada.

En el caso de México, según los datos obtenidos a través del sistema de acceso a la información, de las 679 mujeres acusadas por aborto en tres años, sólo en 86 casos el Poder Judicial emitió una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria.

Aunque en el informe no se precisan mayores datos, destaca que las mexicanas sentenciadas por el delito de aborto, en su mayoría, tienen entre 18 y 25 años de edad, es decir son mujeres jóvenes que interrumpieron su embarazo.

Las organizaciones no indicaron si las dependencias les negaron la información sobre quién denunció a estas mujeres, si tuvieron un aborto provocado o espontáneo, y cuál es su condición socioeconómica, etnia o el lugar de residencia.

En el caso de la Secretaría de Salud (Ss), ésta proporcionó la información relativa al número de egresos hospitalarios por causa de aborto entre 2009 y 2010, según la cual los casos pasaron de mil 562 en 2009 a 8 mil 386 en 2010.

Esto significa que de un año a otro aumentó el número de mujeres atendidas por los servicios de salud a causa de un aborto; pero acerca de los abortos inseguros la Ss dijo carecer de esa información.

Las agrupaciones civiles detectaron que la Ss no cuenta con un programa específico para atender los abortos permitidos por la ley, es decir, aquellos que se realicen por malformación del feto, riesgo de la vida de la madre o por violación sexual.

De acuerdo con la dependencia, la interrupción del embarazo se atiende a través del programa "Arranque Parejo en la Vida", mismo que también atiende la mortalidad y morbilidad materna.

Con esta investigación, organizaciones como GIRE, la Asociación por los Derechos Civiles (Argentina), la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (Colombia), y la Asociación Colectiva por el Derecho a Decidir (Costa Rica), hicieron una serie de propuestas.

Sugirieron que los Estados elaboren, en conjunto con las mujeres y los grupos ciudadanos, políticas públicas para promover el acceso de las mujeres a la información en materia de salud sexual y reproductiva.

También pidieron a la CIDH que exhorte a los países a desarrollar e implementar procedimientos judiciales eficaces que permitan revisar las decisiones de los funcionarios que omiten responder o niegan el acceso a la información pública en estos temas.

Asimismo señalaron que es necesario hacer efectivo el principio de máxima divulgación en materia de derechos sexuales y reproductivos, en especial en materia de aborto, anticoncepción de emergencia y maternidad y morbilidad materna.

En este tema recordaron que los Estados tienen la obligación de proporcionar información sobre salud sexual y reproductiva desagregada por sexo, edad, etnia, raza y otras condiciones de riesgo, e incluso hicieron un llamado a diseñar y publicar estadísticas confiables y actualizadas.