Capturan a militares que violaron a indígenas hace 12 años

Durante el último trimestre de 2013, la Procuraduría General de la República capturó y presentó ante un juez federal a cuatro integrantes del Ejército Mexicano, que en febrero y marzo de 2002 presuntamente participaron en los ataques sexuales perpetrados en contra de las indígenas guerrerenses Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, casos por los cuales el Estado mexicano fue juzgado y hallado culpable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en agosto de 2010.

Los uniformados procesados, quienes enfrentarán su juicio en prisión, son el cabo de Infantería Armando Pérez Abarca y el cabo jardinero Nemesio Sierra -presuntos agresores sexuales de Valentina Rosendo-, así como el sargento segundo Hugo Humberto García de León y el cabo de transmisiones Salvador Aguilar Otáñez. Todos estaban asignados al 41 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano cuando, en 2002, este contingente fue desplegado en la sierra de Guerrero, como parte de la estrategia federal de combate al narcotráfico.

Cabe destacar que tres de los detenidos aún fungían como elementos activos del Ejército cuando fueron capturados por la PGR, mientras que el cuarto -Nemesio Sierra- había causado baja y al ser detenido se desempeñaba como policía estatal de Guerrero.
Los acusados, quienes entre octubre y diciembre fueron aprehendidos en acciones separadas, por elementos de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres, de la PGR, enfrentarán cargos por violación sexual y abuso de autoridad, además de que los implicados en el ataque a Inés Fernández también están acusados de allanamiento de morada y robo, delitos por los cuales podrían alcanzar sentencias que van de 30 a 60 años de prisión, en caso de ser encontrados culpables.

La memoria

Tal como señala la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en agosto de 2010, en contra del Estado mexicano, Valentina Rosendo Cantú fue atacada por un grupo de ocho militares en febrero de 2002 -teniendo ella 17 años-, cuando estaba lavando ropa en un arroyo cercano a su comunidad, Barranca Bejuco, en la sierra guerrerense.

Luego de interrogarla sobre la presencia de "encapuchados" en la zona, Valentina fue golpeada por dos militares, quienes después la atacaron sexualmente, mientras los otros seis soldados la rodeaban, encañonándola con sus armas y espetando burlas y amenazas.

Según las conclusiones de la Corte Interamericana, la agresión sexual sufrida por Valentina no es atribuible únicamente a los dos militares que consumaron la violación, sino también a los otros seis uniformados que la presenciaron, sin hacer nada, y quienes jugaron un rol específico en la tortura psicológica practicada contra la joven, perteneciente a la etnia me'paa y hablante del tlapaneco.

No obstante, de esos ocho atacantes, la víctima sólo pudo reconocer a dos.

Cabe destacar que, debido al acoso militar que sufrió el poblado de Valentina, luego de qué ésta denunciara el ataque sufrido, la comunidad retiró a la joven el apoyo que inicialmente le había brindado, lo que se tradujo también en que su esposo la abandonara, por lo que, a las secuelas del ataque sexual sufrido, Valentina vio sumarse la sanción social y el rechazo comunitario, los cuales, finalmente, la obligaron a abandonar su tierra junto con su hija, a la que había dado a luz tres meses antes de ser agredida por los militares.

Un mes después de violar a Valentina Rosendo, integrantes del 41 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano también atacaron sexualmente a la indígena me'paa Inés Fernández Ortega, de 25 años.

El ataque, se detalla en la sentencia respectiva de la Corte Interamericana, igualmente emitida en agosto de 2010, fue cometido por un grupo de once militares que en marzo de 2002 surcaron el poblado guerrerense de Barranca Tecoani, donde reside Inés, en cuyo domicilio tres uniformados ingresaron sin autorización, para interrogar a la joven en torno al paradero de su marido, al que acusaban de haber robado carne que tenían secándose al Sol.

Incapaz de responder, por su poco dominio del español, Inés fue forzada a tenderse sobre el suelo, donde uno de los militares la atacó sexualmente, en presencia de los otros dos uniformados que habían allanado la vivienda, y mientras los otros ocho aguardaban fuera, escuchando los gritos de la mujer, quien pedía auxilio, y ante los cuales se mantuvieron omisos. De los once participantes, sin embargo, sólo dos pudieron ser identificados por la víctima.

Además, según las declaraciones de Inés, aunque sus cuatro hijos lograron huir de la casa antes del ingreso de los militares, una de ellas sí alcanzó a presenciar el ataque sexual del que fue víctima su madre.

Por último, Inés no sólo debió enfrentar afectaciones "en la relación con su propia comunidad indígena", producto del aumento de la presencia militar en la zona luego su denuncia, sino que ella y sus familiares recibieron distintas amenazas de muerte ante su reclamo de justicia.



Epílogo: no hay plazos que no se venzan

Tras comprobar que los ataques por parte de militares en contra de estas dos mujeres indígenas sí fueron cometidos -algo que las autoridades negaron durante ocho años, de 2002 a 2010-, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que, en ambos casos, el Estado mexicano atropelló los derechos de las víctimas a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la protección de la honra y la dignidad, además de que violó las normas internacionales contra la violencia hacia las mujeres.

Además, la Corte Interamericana concluyó que, en estos dos casos, el Estado mexicano también violó las normas internacionales contra la tortura, ya que los ataques sexuales fueron empleados por los elementos del Ejército como método para causar sufrimiento intenso a las víctimas, en castigo por no haberles proporcionado la informaciónreclamada.

Por todo ello, la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano emprender distintas medidas de resarcimiento, entre las que destacan la aplicación de reformas legales que dejaran fuera del ámbito de la justicia militar la persecución de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados, el reconocimiento público de los agravios cometidos contra ambas mujeres, así como el otorgamiento de indemnizaciones y becas educativas para ellas y sus hijos, además de la restitución de los procesos judiciales para sancionar a los culpables.

Producto de este último punto es, pues, la captura de los cuatro militares realizada por la PGR a finales del año pasado, aunque, cabe subrayar, queda aún pendiente la identificación y procesamiento penal de otros 15 soldados, que también estuvieron implicados en los ataques a Inés y Valentina.


Por Paris Martínez (@paris_martinez) para Animal Político