Buscan amparo tuiteros acusados de terrorismo
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La defensa argumenta que es coartada su libertad de expresión al haber difundido supuestos ataques en escuelas de Veracruz
CIUDAD DE MÉXICO.- La defensa de los dos tuiteros acusados de terrorismo y sabotaje por el gobierno de Veracruz, al haber difundido en las redes sociales supuestos atentados en escuelas por el crimen organizado en la entidad, promovió un amparo federal contra el auto de formal prisión que les fue dictado el 31 de agosto pasado.
El abogado Fidel Ordóñez Solana manifestó su confianza en que, ante el "exceso de autoritarismo" en el caso de María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, presos en el penal de Pacho Viejo, el Juzgado Segundo de Distrito conceda su liberación.
Ambos detenidos fueron acusados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Veracruz como responsables de los delitos de terrorismo y sabotaje por el caos generado el 25 de agosto en el puerto de Veracruz por la difusión de mensajes alusivos a presuntos actos de violencia en centros escolares de la entidad, con base en el artículo 311 del Código Penal de Veracruz.
En sus primeras declaraciones ministeriales, los acusados señalaron que habían sido coaccionados y privados ilegalmente de su libertad, además de que se les había negado el acceso a un abogado de su confianza.
El amparo
El amparo fue interpuesto contra la orden de formal prisión -con la cual se inicia el proceso judicial en contra de los acusados-, por considerar que fue violado el derecho a la libertad de expresión de ambas personas por haber expresado algunas ideas a través de sus cuentas de Twitter y Facebook, señaló el abogado.
En el recurso de amparo promovido, la defensa reclama la violación "flagrante" de los artículos 7 y 19 y demás relativos y aplicables del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscritos por el gobierno mexicano en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En entrevista con medios de comunicación, Ordóñez Solana explicó que el artículo 7 de ese pacto establece que "nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y, particularmente, nadie será sometido sin su consentimiento a experimentos médicos o científicos".
El artículo 19, dijo, señala que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones, ya que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho, agregó, "comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección".
Aunque, el ejercicio del derecho previsto en esta artículo también entraña deberes y responsabilidades especiales, por consiguiente, precisó, "puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; la protección de la seguridad nacional, el orden o la salud o la moral públicas".
El abogado subrayó que Gilberto Martínez estuvo "prácticamente secuestrado" durante 100 horas y María de Jesús Bravo padeció la misma situación 90 horas, "sin derecho a hacer una llamada telefónica".
Los considerandos
A juicio de la defensa, "lo que hizo el gobierno fue lanzar un mensaje a través de la detención de estas personas para que los ciudadanos dejen de expresar sus puntos de vista e informen" a través de las redes sociales, "ante la cerrazón de las autoridades locales de informar a la sociedad oficialmente los hechos de violencia que a diario se registran en la entidad".
Ordóñez resaltó que este es el único caso que se ha presentado a nivel mundial donde dos usuarios de las redes sociales están siendo acusados de "terroristas" y podrían purgar hasta 30 años de prisión.
Una vez interpuesto el amparo indirecto ante el juez de distrito, la defensa confió en que la justicia federal otorgue la libertad a sus clientes, ya que, además, los delitos imputados por el gobierno del estado "no existen", pues ni siquiera existen en autos las declaraciones de los presuntos agraviados por la sicosis colectiva generada el 25 de agosto en el puerto de Veracruz.
El origen del rumor
Ese jueves, Gilberto Martínez publicó mensajes en su cuenta @gilius_22 en los que alertaba de supuestos secuestros a niños en una escuela primaria de la ciudad de Veracruz.
Los usuarios de las redes sociales Twitter y Facebook propagaron la falsa información alertando de secuestros, amenazas de bomba y ataques con armas de fuego desde un helicóptero a una escuela primaria.
Los mensajes desataron una fuerte movilización de padres de familia para sacar a sus hijos de las escuelas. Las autoridades veracruzanas desmintieron los rumores y detuvieron a Gilberto y a María de Jesús un día después.
Como respuesta, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, informó en su cuenta @Javier_Duarte que se había localizado el origen de los mensajes y adelantó que se acusaría a los responsables de "terrorismo", según el Código Penal del estado, vigente desde enero de 2004. Según esa legislación, incurre en terrorismo quien infunde "alarma, temor o terror en la población para perturbar la paz pública".