Yarrington: ¿disputa entre EU y México?
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Tras el arresto del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, en Italia, se ha conocido que no solamente en nuestro País se le busca para procesarle, sino que también el Gobierno de los Estados Unidos pretende que comparezca ante sus tribunales, por lo cual no es seguro en este momento a qué territorio será finalmente extraditado.
De acuerdo con la información conocida, México persigue al exmandatario tamaulipeco como presunto responsable de delitos contra la salud, mientras que en territorio estadounidense se le busca por importación y distribución de drogas, lavado de dinero, fraude bancario y otros delitos.
En teoría, por lo menos, los Gobiernos de ambos países consideran al exmandatario un presunto delincuente que ha cometido ilícitos por los cuales debería estar en prisión y ello tendría que bastar para que, más allá de la presunción de inocencia a la cual obligan las leyes criminales, todo mundo sospeche de la honorabilidad de quien gobernó la entidad vecina.
¿Qué debería hacer nuestro País frente a los señalamientos que el Gobierno de los Estados Unidos realiza en contra de Yarrington?
En teoría, nuestras autoridades tendrían que señalar la necesidad de que el exmandatario estatal sea extraditado a México para que responda, frente a las autoridades mexicanas, por los ilícitos que se le imputan.
Sin embargo, dado el historial de pifias que la Procuraduría General de la República ha tenido en este apartado, convendría considerar la posibilidad de que sea primero el Gobierno de los Estados Unidos el que procese criminalmente a Tomás Yarrington.
No se trata, desde luego, de renunciar a la potestad soberana que nuestro País tiene de enjuiciar a quienes han delinquido en su territorio. Tal derecho es absolutamente irrenunciable y haríamos mal en pensar siquiera en la posibilidad de “exonerar” a un presunto delincuente.
De lo que se trata más bien es de permitir que sean primero otros quienes lleven ante los tribunales a quien, de acuerdo con las autoridades de ambas naciones, ha violado las leyes nacionales de México y los Estados Unidos.
Que sean ellos, en primera instancia, quienes procesen a Tomás Yarrington en nada afecta el derecho que nosotros tenemos de llevarle ante los tribunales penales y sí permite que las autoridades mexicanas armen mejor el caso que les llevó a solicitar su captura.
Por lo demás, lo que importa es que un individuo a quien las autoridades de dos naciones consideran un delincuente en potencia, sea efectivamente llevado ante los tribunales y que sus conductas sean castigadas con el rigor que establecen las leyes.
Por ello, más allá de a qué país es finalmente extraditado el exgobernador de Tamaulipas, lo que importa es que sea presentado ante un juez, que éste conozca un caso bien armado y que, al final del procedimiento, le imponga una sentencia que implique un castigo ejemplar a su conducta.