Voto en el exterior, ¿algo más que simbolismo?

De acuerdo con la nueva legislación electoral, recientemente aprobada por el Poder Legislativo local, los votantes coahuilenses que se encuentren en el exterior –y deseen hacerlo– podrán ejercer su derecho a participar, de forma remota, en la elección del próximo titular del Ejecutivo local.

Según la información conocida, alrededor de 18 mil ciudadanos de nuestra Entidad se encuentran en el supuesto de residir en el extranjero y, debido a esta circunstancia, podrían formar parte del padrón de votantes en el exterior que deberá confeccionar el órgano electoral local en coordinación con el Instituto Nacional Electoral.

Se trata claramente de un número importante de electores coahuilenses, la mayor parte de los cuales, como ocurre con los ciudadanos de cualquier otra Entidad del País, se encuentran en territorio de los Estados Unidos.

Pero aún cuando el número de potenciales electores no fuera el señalado, de todas formas resultaría importante que las autoridades electorales realizaran el esfuerzo necesario para garantizar el derecho que tienen de participar en las decisiones que afectan al territorio en el cual se ubican sus afectos, su arraigo y, eventualmente, sus intereses.

En ese sentido, es de celebrarse que, tal como ocurre a nivel federal desde el año 2006, los coahuilenses residentes en el exterior puedan ahora involucrarse directamente en las decisiones de su Entidad de origen o residencia.

Sin embargo, a partir de la experiencia de los ejercicios realizados a nivel federal, resulta obligado preguntarse qué piensan hacer las autoridades electorales –las estatales y las federales– para que la participación de los electores residentes en el extranjero no sea sólo una anécdota del proceso próximo a iniciar.

En otras palabras, vale la pena preguntar desde ahora qué se proponen hacer para que la participación remota sea una participación informada y para que la discusión sobre la estrategia para promover la votación desde el exterior no se pierda en las medidas de seguridad y los costos del procedimiento.

Y es que hasta ahora, las energías de los actores políticos y las autoridades han estado más orientadas a discutir de forma reiterada sobre los “riesgos” de votos fraudulentos o sobre la posibilidad de que se coarte la voluntad de un elector al que la autoridad no “vigile” mientras ejerce su derecho a votar, que a estudiar la forma de promover y alentar la participación.

Cabría esperar por ello que el ejercicio inaugural que se realizará en Coahuila el próximo año no se convierta en una repetición mecánica de lo hecho en elecciones federales y locales previas, pues ello implicaría disponernos a atestiguar la repetición del fracaso.

Esperemos pues que los responsables de diseñar y poner en práctica la estrategia para el voto de los coahuilenses en el exterior, así como los actores políticos –que son corresponsables del procesos electoral– muestren una buena dosis de imaginación y hagan gala de talento para convertir a este ejercicio en algo más que un ejercicio de participación simbólica.