Una política integral para el retorno de migrantes

Entre 2010 y 2015 regresaron casi 450 mil mexicanos y mexicanas desde Estados Unidos, algunos de forma voluntaria, otros como producto de una deportación. Es bien sabido que durante su Gobierno, Obama deportó a más migrantes indocumentados que cualquier administración. Sin embargo, tuvo que llegar la retórica de Trump para que la conversación pública empiece a considerar las implicaciones del retorno de nuestros connacionales.

La experiencia del retorno es extremadamente complicada para quien la vive. Casi todos entran al País en estado de shock, a veces sin un peso en el bolsillo, habiendo dejado familia, hijos e hijas menores de edad, propiedades y vidas enteras. Las dificultades comienzan desde el primer día de su internación al País, para identificarse y poder ejercer su ciudadanía. “Fuimos indocumentados allá y somos indocumentados cuando regresamos”, decía hace unos días Ana López, vocera de la agrupación Deportados en la Lucha. En efecto: los llegados de primer momento no reciben siquiera un documento de identidad plenamente válido y reconocido en todo el País (como un pasaporte o una credencial de elector), con lo que no pueden siquiera cobrar un cheque a su nombre.

Quienes retornan enfrentan barreras sistemáticas en la educación y el empleo, en un país en el que suelen carecer de conexiones y redes de apoyo. No en balde la tasa de desempleo para las personas retornadas de entre 25 y 29 años es casi del doble que para la ciudadanía no migrante. Los call centers han sido una alternativa viable para muchas personas jóvenes retornadas que dominan el inglés, pero se necesitan otras alternativas.

La falta de una traducción oficial, de una apostilla o de una revalidación de estudios es razón para que muchos jóvenes que han estudiado en EU queden atrapados durante meses o años en una maraña kafkiana entre México y ese país. Igualmente complicado es certificar sus habilidades para conseguir un empleo digno. En muchos casos, se les discrimina deliberadamente por su acento, apariencia física o porque el estigma de criminalización asociado con las deportaciones dificulta su incorporación al mercado laboral.

Hoy existen siete programas federales (Somos Mexicanos, el más importante de ellos) que apoyan explícita o implícitamente a la ciudadanía deportada o en retorno. Su alcance, sin embargo, es limitado y suele enfocarse en recibir a los llegados en sus primeras horas y días en México.

Desde distintos sectores –sociedad civil, gobiernos estatales, Poder Legislativo y Gobierno Federal– se asoman hoy iniciativas aisladas para responder de forma tardía al enorme desafío que implica el retorno. Falta, sin embargo, una articulación de esfuerzos que hoy están dispersos en una política integral que permita a los retornados ejercer plenamente todos sus derechos, así como recibir servicios de salud, vivienda, educación y trabajo, comenzando naturalmente por el derecho a la identidad (clave para el ejercicio de cualquier otro derecho).

Se necesitan políticas específicas para cada tipo de migrante en todo el ciclo de vida: quienes tienen entre 20 y 40 años, que suelen hablar inglés y en muchos casos han logrado mayores niveles de calificación que sus padres; para quienes se acercan a la edad madura y llegan a un país en el que “a los 50 años ya nadie te contrata”, como escuché decir a un hombre de 60 años que regresó hace unos meses, e incluso para una juventud bicultural compuesta por migrantes nacidos en EU, pero de familias mexicanas.

La llegada de una masa crítica de jóvenes biculturales y bilingües con talento es una oportunidad para revertir activamente la fuga de cerebros que ha generado en décadas pasadas la emigración masiva desde México. Políticas explícitas para aprovechar estas mentes que están considerando regresar o que ya están de vuelta serán más que necesarias. Cuando uno piensa que las maras en El Salvador se formaron a partir de jóvenes que fueron deportados de Estados Unidos y encontraron en la actividad pandilleril del crimen organizado un sentido de identidad y pertenencia, la necesidad de una política sólida para acoger el retorno se vuelve más que urgente.